Por: Verónica Juárez Piña
El Senado de la República aprobó el 13 de febrero pasado un dictamen que propone reformar la fracción II del apartado A, del artículo 2o. de la Constitución Política que busca prohibir el matrimonio infantil que, en algunas comunidades indígenas, todavía es una práctica común, lo que violenta gravemente los derechos humanos de la infancia.
La reforma pretende contribuir a una protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes que pertenecen a las comunidades indígenas del país, considerando de suma relevancia el respeto a su interés superior, sin perjuicio del derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios.
De acuerdo con el dictamen aprobado por unanimidad por las y los senadores de los seis grupos parlamentarios representados en el Senado, el 95.5% de las adolescentes casadas o unidas lo hicieron con parejas mayores que ellas. La problemática es mayor en las comunidades rurales.
En el estado de Guerrero se tiene conocimiento que en el 2015 había casi 800 actas de matrimonio que registraban que la cónyuge tenía entre 12 y 17 años y una situación similar se presenta en el estado de Chiapas.
Respecto a embarazos en adolescentes, se destaca que en 2020 hubo 373 mil casos de menores de 18 años, de los cuales 8 mil correspondieron a niñas entre los 12 y 14 años.
El Consejo Nacional de Población señala que en ese mismo año se registraron 8 mil 876 nacimientos de menores de 14 años producto de matrimonios arreglados, pobreza extrema y violencia sexual. El 98% de estos nacimientos fueron de madres entre 13 y 14 años, con mayor incidencia en las entidades de Chiapas, Coahuila, Guerrero y Tabasco.
La propuesta de reforma plantea que un factor determinante en la problemática de los matrimonios infantiles es el nivel educativo de las personas. De acuerdo con la información de la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres 2015, alrededor de 50 por ciento de las mujeres de 20 a 49 años sin escolaridad se casaron antes de los 18 años, mientras que quienes cursaron la primaria fue del 38 por ciento y 31% de las que tenían estudios de secundaria, 16 por cierto con educación media superior y 3.5 con educación superior.
Argumenta además que los matrimonios infantiles tienen un origen diverso. Sin embargo, en su mayoría obedecen a las condiciones de pobreza, la ausencia de oportunidades y a las costumbres de las comunidades. En ese sentido, las niñas son consideradas como un bien material que se puede monetizar. El dictamen aprobado fue enviado como minuta a la Cámara de Diputados.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “el matrimonio infantil es una violación de todos los derechos de las niñas y niños, los obliga a asumir responsabilidades para las cuales no están ni física ni psicológicamente preparados. Las niñas que son obligadas a casarse se ven atrapadas para el resto de sus vidas en una realidad que equivale a la esclavitud”.
En la LXIV Legislatura (2018-2021), siendo diputada federal del Partido de la Revolución Democrática, presenté una iniciativa en este sentido. Propuse reformar la constitución política para prohibir, sin excepción alguna, el matrimonio entre personas menores de 18 años y que el Estado prevenga el embarazo adolescente.
Ojalá que las y los diputados aprueben esta minuta antes de que termine la actual legislatura. Este es uno de los temas verdaderamente importantes en que se debe ocupar el Congreso de la Unión y no en las cortinas de humo que propone López Obrador para desviar la atención de los graves problemas que enfrenta el país.
