Por: Verónica Juárez Piña
Ante la ola de violencia y asesinatos que azota al país, en donde las niñas y niños son de los grupos de población más afectados, es urgente reforzar el marco legal y las políticas públicas, tanto federales, estatales como municipales, para garantizar su seguridad y sus derechos.
En México hay cerca de 40 millones de infantes y adolescentes de 0 a 17 años -casi el 33 por ciento de la población total nacional-, quienes requieren atención integral en materia de salud, educación e integración social que los prepare para la vida adulta.
Desde el Grupo Parlamentario del PRD hemos propuesto varias iniciativas y puntos de acuerdo encaminados a este esfuerzo. En ese contexto, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; para obligar a autoridades federales, estatales y municipales a instrumentar políticas públicas en materia de primera infancia en todo el territorio nacional.
Durante la discusión del dictamen, el Grupo Parlamentario del PRD. Destacó la importancia de esta reforma y de la política pública a la que obliga al señalar que la primera infancia –de 0 a 6 años- es el período de desarrollo cerebral más intenso de toda la vida de las niñas y niños y, sin embargo, el más desprotegido en nuestro país.
Argumentó que está demostrado que si las y los niños desde la primera infancia reciben una buena alimentación y una atención integral, tienen más probabilidades de sobrevivir, con buena salud y sobre todo de adquirir mejores conocimientos y tener una mejor calidad de vida.
Lamentamos el desinterés del Estado Mexicano y la escasa inversión dirigida a los primeros años de vida, sobre todo porque en nuestro país ser niño o niña significa 80 por ciento de probabilidad de enfrentar carencias, porcentaje que se eleva para quien es mujer, indígena o habitante de alguna zona rural.
Es por ello que la inversión en programas que atiendan las necesidades de la primera infancia no sólo es ventajoso para las y los niños y las familias: también contribuye a reducir la desigualdad social y redunda en beneficio de las comunidades y las sociedades en su conjunto.
Es urgente que el ordenamiento y construcción de una política pública para la primera infancia, para potenciar mecanismos que posibiliten la protección de sus derechos y con ello potenciar su desarrollo biológico, psicológico, social y cultural.
De acuerdo con directrices del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la primera infancia es una etapa decisiva en el desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales y emotivas de cada niña y niño, y es el período más vulnerable de su crecimiento.
La primera infancia es la edad en la que se asientan las bases para el resto de la vida y es fundamental velar entonces porque adquieran experiencias positivas, para que sus derechos sean garantizados y se satisfagan sus necesidades en materia de salud, estimulación y ayuda.
Por eso es necesario insistir en que se invierta y diseñen políticas públicas para la primera infancia, ya que es el camino más seguro para cortar con la reproducción de la pobreza y el poder revertir la inequidad social.
