Los industriales de Jalisco, generadores del casi 7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, exigieron hoy al Gobierno Federal congruencia ante el manejo irresponsable de recursos públicos, generar políticas públicas coherentes que protejan el poder adquisitivo de los ciudadanos y la competitividad de las empresas para evitar una recesión económica ante el alza del precio de la gasolina.
“Nos sentimos agraviados no sólo por el 20.1 por ciento de incremento del precio de la gasolina y sus repercusiones sino por el manejo irresponsable de los recursos públicos y la omisión del Gobierno Federal ante los desfalcos documentados a las haciendas estatales en más de once estados del país y que han quedado impunes”, coincidieron los empresarios del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) que representa su coordinador Daniel Curiel Rodríguez.
Los desfalcos a las haciendas estatales representan al menos 307 mil millones de pesos y una deuda pública de 479 mil millones de pesos. Estos recursos representan más del doble de la recaudación que tiene la federación por concepto de Impuesto Especial Sobre Productos y servicios (IEPS) en gasolinas y diesel en el 2016 (240 mil millones de pesos).
“Escuchamos incrédulos, que la justificación a estos incrementos recaudatorios se debe a un ejercicio de buenas prácticas en finanzas públicas, cuando en realidad se promueve el endeudamiento irracional en el país”, señalaron los industriales tras revelar que en los últimos cinco años la deuda ampliada del sector público federal registró un incremento del 50 por ciento.
Agregaron que lo más grave para el cierre del 2016, es que el promedio de deuda de las entidades federativas equivale al 81.3 por ciento de sus participaciones, al 30 por ciento respecto a sus ingresos y representan un 61.1 por ciento de afectación a las participaciones federales.
Para los industriales de Jalisco otro de los factores que resultan incongruentes del Gobierno Federal frente al incremento del precio de la gasolina y el manejo irresponsable de recursos públicos, es que en lo últimos cinco años la recaudación tributaria se ha incrementado en 60.1 por ciento.
“Ante ese panorama, el Gobierno Federal presume el incremento de la recaudación de impuestos como una mayor eficiencia en su trabajo, cuando en realidad se trata de cobrar más a los mismos contribuyentes de siempre”, señalaron.
Como representantes del sector productivo de una de las entidades que más contribuye en los ingresos fiscales de la federación, exigimos al gobierno federal un ejercicio real del Estado de Derecho (castigo conforme a la ley a todos los involucrados) para los casos de defraudación por más de 300 mil millones de pesos a las entidades federativas.
Agregaron que el Gobierno Federal debe disminuir al menos 10 por ciento de su gasto corriente respecto a sus ingresos, para que esto se traslade a gastos de inversión; ampliar la base de contribuyentes para fortalecer la estructura económica.
Concluyeron que para el Gobierno Federal debe ser fundamental actuar en contra de los actos de corrupción de los funcionarios públicos, así como generar políticas públicas coherentes que promuevan la inversión, generen empleo; protejan el poder adquisitivo de los ciudadanos y la competitividad de las empresas para el desarrollo sustentable del país.
