El día de hoy presentaron ante la PRG,la abogados miembros de este Colegio de Abogados de Jalisco, para denunciar lo que a nuestro parecer como estudiosos del derecho, es una clara violación a la ley por parte de Carlos Lomelí, quien se identifica como delegado de programas sociales federales en nuestro estado. De la misma manera presentamos denuncia contra la funcionaria María de Jesús Padilla Romo, presuntamente involucrada en el manejo de programas sociales y contra José Luis Cárdenas Amador, regidor de Morena.
Presentamos esta denuncia porque creemos que el gobierno, cualquiera que sea, requiere de contrapesos, y si eso no lo hacen los otros poderes, entonces lo deben de hacer los ciudadanos. Los ciudadanos tenemos una responsabilidad central en los cambios que requiere el país, no podemos ser una sociedad apática y callada, tenemos que levantar la voz y exigirle a los funcionarios públicos que cumplan con la ley. En nuestro caso como ciudadanos y como colegio de abogados, siempre hemos tenido el valor de denunciar los casos de corrupción que nos parecen que deben de ser investigados.
En este caso, nos parece que los nuevos funcionarios del gobierno federal en Jalisco, como Carlos Lomeli, están actuando de manera indebida, ya que están aprovechando los programas sociales, que se pagan con los impuestos de los ciudadanos, para promocionarse como si se tratara de una campaña política. Es un pésimo síntoma que el nuevo gobierno permita que sus funcionarios actúen de esta manera. Estos funcionarios deben de ser sancionados.
Los hechos son muy claros. El 31 de Diciembre de 2018, María de Jesús Padilla Romo, Delegada de Programas Sociales del Gobierno Federal de los Altos de Jalisco, difundió una convocatoria en la cual invita a todos los lecheros y ganaderos “de los altos” a la reunión que sería llevada a cabo con el Delegado Estatal de Programas de Desarrollo, Carlos Lomelí Bolaños.
En esta propaganda se utilizaron logos con nombres de funcionarios, como si se tratara de una lona de campaña. De la misma manera esta convocatoria no fue identificado con el escudo nacional, ni incluyó la leyenda “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”. Lo anterior, es una obligación legal que los funcionarios públicos deben de cumplir.
Al haber utilizado sus nombres particulares en una convocatoria, así también, a señalarse de manera particular en la implementación de programas sociales del Gobierno Federal y no por medio de las Instituciones Gubernamentales tal y como lo prevé la legislación, es que encuadra en el delito consistente en la Coalición de Servidores Públicos.
De manera similar, el 2 de enero de 2019, José Luis Cárdenas Amador, Regidor por el partido MORENA, en Teocaltiche, publicó “Habrá un autobús junto al templo de la Merced a las 3 de la tarde”, para llevar a ciudadanos al evento. Esto, utilizando el nombre e imagen de CARLOS LOMELÍ BOLAÑOS, sin que medie institución gubernamental alguna. Con una clara intención de asociar este programa social con la imagen de un funcionario.
Al parecer no se distingue la diferencia entre propaganda de campaña y comunicación institucional. Entendemos que puede existir desconocimiento de la ley de parte de estos funcionarios, sin embargo, eso no los exime de cumplir la ley.
Por lo anterior presentamos esta denuncia. Queremos vivir en un verdadero estado de derecho, en el cual los servidores públicos obedezcan la ley, no que se la pasen por alto motivados por sus intereses político-electorales. No queremos que con nuestros impuestos se paguen campañas, ni de Carlos Lomeli, ni de nadie. Esperamos que esta autoridad investigue a fondo este caso, de nuestra parte, en cumplimeinto de nuetro deber civico, vamos a estar atentos a la investigación.
