Por: Verónica Juárez Piña
En el período extraordinario que tuvo lugar el jueves pasado en la Cámara de Diputados, las y los diputados aprobamos las minutas enviadas por la Cámara de Senadores. Una de ellas fue la relacionada con las leyes reglamentarias de la Guardia Nacional. Aun con algunas reservas porque consideramos que para combatir de forma eficaz la inseguridad se requiere una política pública integral, el Grupo Parlamentario de PRD (GPPRD) votó a favor porque estamos convencidos que todas y todos los mexicanos tienen como anhelo la paz en el país y la seguridad en sus hogares y para sus familias.
México vive hoy una crisis humanitaria que, en los últimos meses, se ha recrudecido hasta hacernos vivir el ambiente más violento en los últimos años. Resulta urgente que el Gobierno Federal tome cartas en el asunto e implemente una política integral de abatimiento a la violencia.
Debemos señalar que la Guardia Nacional se encuentra ya operando en ocho entidades federativas sin un marco legal, sin estructura orgánica definida, sin mandatos claros y como la única guía para actuar, las órdenes recibidas de sus superiores.
En el Grupo Parlamentario del PRD nos encontramos convencidas y convencidos que cifrar todas las esperanzas para disminuir los índices de violencia en nuestro país en una sola acción, únicamente repetirá los intentos fallidos de administraciones anteriores, incrementando exponencialmente los índices de violencia y el sufrimiento del pueblo mexicano.
La Guardia Nacional no constituye la pócima mágica para resolver esta grave situación; sin embargo el paquete de leyes aprobado puede contribuir a la pacificación de nuestro país, aunque consideramos que pueden ser perfectibles. Debemos señalar que en todas y cada una de las leyes tenemos observaciones y que las trasladaremos como iniciativas.
Empero, cabe señalar que en el marco de la discusión de este tema, la Cámara de Diputados recibió una comunicación del representante de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Jan Jarab, con diversas observaciones a las leyes nacionales sobre el uso de la fuerza y del registro de detenciones, algunas de las cuales coincidimos plenamente, mismas que retomaremos junto con las nuestras para contribuir al mejoramiento de estas leyes y al respeto de los Derechos Humanos en nuestro país.
En relación a la Ley de la Guardia Nacional, saludamos que ésta sea considerada como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Resaltamos que tanto sus mandos como sus integrantes se encuentren separados funcionalmente de la institución armada de origen; sujetos a la disciplina, fuero y cadena de mando civiles, y cuyas capacidades, ineludiblemente, deberán ser certificadas conforme a los métodos del propio Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Pero, nos preocupa el hecho de que ninguno de sus artículos contenga una perspectiva de género que garantice tanto a las mujeres que entrarán a pertenecer a sus filas como a aquéllas que entren en contacto con sus integrantes, ya sea como víctimas o como testigos, un trato respetuoso, paritario e inclusivo.
En lo que se refiere a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, resaltamos que ésta ha sido una recomendación recurrente de los organismos internacionales en materia de Derechos Humanos. Nos parece, sin embargo, que las disposiciones en relación a las manifestaciones son deficientes y deben ser ajustadas a los mandos internacionales en materia de Derechos Humanos.
La Ley Nacional del Registro de Detenciones contribuirá, sin duda alguna, a disminuir la incidencia de los casos de desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial. No obstante, nos preocupa que este registro no se hará público en los casos de detenciones por delincuencia organizada, debido al abuso de las instituciones de seguridad pública respecto a estos delitos que, adicionalmente, son de los que ameritan prisión preventiva oficiosa, lo cual ha conllevado múltiples violaciones a los Derechos Humanos de personas inocentes.
Respecto a la creación del Sistema Nacional de Información, a través de las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ésta proporcionará a las autoridades un instrumento efectivo para la prevención, investigación de los delitos, y su base de datos, aun cuando ya existe, debe ser operada con eficiencia, eficacia y transparencia por el Centro Nacional de Información que, ahora, quedará bajo el mando directo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
En el marco de la discusión, las y los diputados del PRD expresamos estas observaciones y dijimos que estaríamos pendientes de que no cometieran abusos y violaciones a los derechos humanos; pero también expresamos con toda firmeza nuestro compromiso por alcanzar la paz para todas y todos los mexicanos y por construir un mejor país para nuestras niñas, niños y adolescentes.
