Por: Dip. Verónica B. Juárez Piña
Vicecoordinadora del GPPRD en la Cámara de Diputados
A la luz de las graves consecuencias que ha generado el desabasto de gasolinas en al menos siete entidades, cabe decir que si bien es absolutamente necesario combatir un ilícito que genera pérdidas anuales por aproximadamente 60 mil millones de pesos para Pemex y disparó los índices de violencia y criminalidad en algunas regiones del país, la forma en como se diseñó es, por decir lo menos, absolutamente irresponsable.
Es inadmisible que una decisión de esta magnitud, que afectaría a varios estados, a millones de personas e impactaría la economía de distintos sectores, generaría irritación y pánico social, no se haya consultado con los gobernadores de las entidades más afectadas, como Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Jalisco, Estado de México, Michoacán y la propia Ciudad de México.
Ni tampoco con los sectores que resultarían perjudicados como la industria, gasolineros, el comercio y transporte público. No sólo para informarles y que tomaran medidas contingentes, sino para que ayudaran a resolver los previsibles problemas de desabasto de gasolinas que generaría la toma de refinerías por parte del Ejército y el cierre de tramos estratégicos de ductos.
La ciudadanía tenía derecho a saber lo que se pretendía, para que se prepara con antelación y se evitaran compras de pánico. Si el saqueo de combustible data, en sus niveles más altos, desde hace al menos doce años, la premura con la que se tomó la decisión carece de sentido. La estrategia de comunicación, al igual que todo el operativo, ha sido una catástrofe.
No hay ninguna justificación para estas omisiones. Se tomó una decisión centralista, arbitraria y unilateral y se ignoró de nueva cuenta a los gobernadores en una operación que afectaría a millones de personas y generaría pérdidas económicas multimillonarias a nivel nacional y local.
Ahora los gobernadores están lidiando con una crisis social y económica en sus estados, mientras que el Gobierno Federal pide “confianza y paciencia”, para resolver el desabasto, cuando lo que debió haberse hecho fue coordinarse con los distintos niveles de gobierno y sectores involucrados, diseñar una planeación adecuada, de acuerdo a un calendario establecido y prever alternativas de abasto.
Pero sobre todo, debió de actuarse con responsabilidad, sensibilidad y seriedad, sin distinciones políticas de ninguna índole.
No es posible que mientras que Andrés Manuel López Obrador se reúne con Claudia Sheinbaum, de Morena y Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para acordar apoyos de Pemex a la CDMX y atender la crisis de desabasto; tanto él como la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el Director General de Pemex, Octavio Romero, no atiendan las solicitudes de ayuda de los gobernadores de otros partidos; pero sobre todo ignoren sus reclamos y exigencias de que asuman su responsabilidad por el problema que crearon.
Se equivoca el Presidente cuando plantea que se le tenga confianza porque está combatiendo la corrupción y el huachicol. Esto no es un asunto de confianza, es de responsabilidad, eficacia y respeto al Pacto Federal.
Si el problema del huachicol creció exponencialmente, particularmente en el sexenio anterior, fue porque no se quiso actuar para combatirlo, porque formó parte de la red de corrupción e impunidad que tejió Enrique Peña Nieto; no porque no hubiera opciones para resolverlo.
Simplemente se dejó hacer y deshacer al crimen organizado con la complicidad del Gobierno Federal, funcionarios de Pemex, de la Secretaría de Hacienda, la Procuraduría General de la República, algunas autoridades locales, policías estatales y municipales. La violencia y los índices delictivos que se dispararon en algunos estados, fueron en parte consecuencia de esta impunidad.
¿Acaso Andrés Manuel no debió de empezar por investigar a los funcionarios coludidos con las bandas huachicoleras en lugar de tender un manto de impunidad sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto?
El Presidente de la República tiene que rectificar la estrategia de combate al huachicol, empezando por solicitarles la renuncia a Rocío Nahle y Octavio Oropeza, por su incapacidad, impericia y falta de sensibilidad ante el desastre innecesario en el que metieron a la nación. Las mexicanas y mexicanos exigen que se resuelvan los problemas del país, pero sin ocurrencias ni soberbia.
