Brasil debe abandonar inmediatamente las “políticas de austeridad equivocadas”, que están poniendo en peligro las vidas de millones de personas, pidieron hoy aquí expertos en derechos humanos de Naciones Unidas.
“El brote de COVID-19 ha magnificado los impactos adversos de la enmienda constitucional de 2016, que limitó el gasto público en Brasil durante 20 años”, aseguraron en un comunicado conjunto el experto independiente en derechos humanos y deuda externa Juan Pablo Bohoslavsky y el relator especial sobre pobreza extrema Philip Alston.
Según consideraron, “los efectos son ahora dramáticamente visibles en la crisis actual”. Sólo el 10 por ciento de los municipios brasileños tienen camas de terapia intensiva y el Sistema Único de Salud no tiene ni siquiera la mitad del número de camas de hospital recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), observaron.
Para Bohoslavsky y Alston, los recortes del gobierno al financiamiento “han violado las normas internacionales de derechos humanos”, incluyendo la educación, la vivienda, la alimentación, el agua y el saneamiento, y la igualdad de género.
“El debilitado sistema de salud está sobrecargado y no logra proteger el derecho a la vida y la salud de millones de brasileños que están en grave riesgo. Ya es hora de derogar la Enmienda Constitucional 95 y otras medidas de austeridad contrarias al derecho internacional de los derechos humanos”, expresaron.
Los expertos ya habían manifestado repetidamente su preocupación por el hecho de que las medidas del Brasil estaban dando prioridad a la economía por sobre la vida de las personas.
“En 2018, instamos a reconsiderar su programa de austeridad económica y poner los derechos humanos en el centro de sus políticas económicas. También expresamos preocupaciones específicas sobre los más afectados, en particular las mujeres y los niños que viven en la pobreza, los brasileños afrodescendientes, las poblaciones rurales y las personas que viven en asentamientos informales”, añadieron.
Bohoslavsky y Alston condenaron la política de anteponer la “economía a la vida”, a pesar de los derechos humanos y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
“¿Economía para quién? No es admisible poner en peligro la salud y la vida de las personas, incluidos los trabajadores de la salud, por el interés financiero de unos pocos. ¿Quién será responsable cuando las personas mueran debido a decisiones políticas que vayan en contra de la ciencia y el consejo médico experto?”, preguntaron.
Ciertamente, matizaron, Brasil ha hecho varios esfuerzos encomiables. “El ingreso básico de emergencia, así como la aplicación de las directivas de distanciamiento social de las autoridades subnacionales son medidas para salvar vidas que son bienvenidas. Sin embargo, es necesario hacer más”, exhortaron.
En un comunicado reciente dirigido a los gobiernos e instituciones financieras internacionales, Bohoslavsky formuló recomendaciones económicas, fiscales y tributarias.
“La crisis del COVID-19 debe ser una oportunidad para que los Estados se replanteen sus prioridades, por ejemplo, introduciendo y mejorando los sistemas universales de salud y protección social, así como implementando reformas fiscales progresivas. Los Estados de todo el mundo deberían construir un futuro mejor para sus poblaciones, no fosas comunes”, dijeron los expertos de la ONU.
