Por: Verónica Juárez Piña
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador insiste en mantener una política en materia migratoria claramente violatoria de los derechos humanos de las personas, en su gran mayoría centroamericanos, que cruzan el territorio nacional para tratar de llegar a los Estados Unidos.
Uno de los grupos más vulnerables son las niñas, niños y adolescentes que viajan solos o acompañados de sus familias. En este momento, por ejemplo, las estaciones del Instituto Nacional de Migración (INE) están rebasadas en varios estados de la República, en virtud de la gran cantidad de infantes que allí se encuentran, por lo que ha recurrido a otros espacios para albergarlos.
De hecho, actualmente hay una grave crisis tanto en Estados Unidos como en México, por la gran cantidad de infantes y adolescentes que han sido detenidos.
Las autoridades migratorias de Estados Unidos han arrestado a más de once mil menores migrantes no acompañados del 28 de febrero al 20 de marzo, lo que supera cifras previas. En tanto que de enero a marzo el INM detuvo a 3 mil 438 menores, que viajaban solos o en compañía de adultos o su familia.
Esto ha generado una gran crisis porque las niñas, niños y adolescentes migrantes enfrentan graves riesgos al transitar por rutas cada vez más peligrosas, por las agresiones del crimen organizado y de los cuerpos policíacos y militares nacionales o porque son usados por adultos con la idea errónea que no serán deportados por las autoridades migratorias de Estados Unidos sin van acompañados de menores.
Las imágenes de que fuimos testigos donde un grupo de personas arroja a territorio estadounidense a dos menores, de 3 y 5 años, desde lo alto del muro que divide la frontera de México y Estados, son alarmantes.
Por esa razón, vale la pena insistir en hacer un llamado al gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, a cumplir de manera efectiva con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; que establece medidas especiales de protección que deben tomar las autoridades para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, acompañados, no acompañados, separados, nacionales, extranjeros y repatriados en el contexto de movilidad humana.
Así como los tratados internacionales que México ha firmado encaminados a garantizar el interés superior de la infancia.
Además, hemos sido testigos de otros lamentables hechos de abusos recientes como la masacre de 15 migrantes guatemaltecos por parte de policías de Tamaulipas; el crimen de la salvadoreña Victoria Salazar, perpetrado por elementos de la policía municipal de Tulum, Quintana Roo; y el homicidio de un ciudadano guatemalteco, a manos de un militar mexicano, en un cruce fronterizo de Chiapas, en el municipio de Mazapa de Madero.
Es este contexto, es urgente que el gobierno mexicano corrija la política migratoria, pues el enfoque de contención policíaca que se mantiene con el objetivo de frenar las caravanas de migrantes para atender las exigencias de Estados Unidos, es evidente que no ha funcionado, pero está provocando graves violaciones a los derechos humanos.
