Mientras la Suprema Corte del país valora declarar inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, el Plan Nacional de Paz y Seguridad presentado por el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, “propone reforzar la militarización de la seguridad pública y ofrece impunidad a los cárteles responsables de la ola de violencia y de miles de crímenes y desaparecidos en el país”, denunció la secretaria de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña.
“La Guardia Nacional es una nueva versión del Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal –de Calderón— y la Gendarmería – de Peña Nieto”, consideró la también Vicecoordinadora del GPPRD.
“La propuesta no aporta ningún instrumento nuevo a los que han implementado gobiernos anteriores, no hay ningún elemento de acción a corto o mediano plazo ni tampoco ninguna alusión al problema que nos ha traído a la situación actual: la atención de los cuerpos policiacos y su profesionalización”, opinó.
“Tampoco hace alusión alguna a la autonomía de la Fiscalía General de la República, a su profesionalización o dignificación, ni tampoco al Poder Judicial”, remarcó.
Consideró que “la única propuesta rescatable es, sin duda, el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, aunque no señala que en todos los casos, sino solo en delitos de lesa humanidad.”
Al fijar su posición sobre algunos aspectos destacados de los ejes del Plan, Juárez Piña resaltó que proponer “la eliminación del fuero sin una Fiscalía autónoma se corre el riesgo de una persecución política encubierta.”
Respecto a la construcción de la paz, la legisladora acusa que “en realidad lo que propone es una paz pactada con los cárteles de la delincuencia organizada, lo cual nos conduciría, sin duda, a una disminución de los índices de violencia derivada del control territorial, pero a la actividad legalizada de los cárteles de la delincuencia organizada.”
En alusión al plan de seguridad pública, “en los hechos no hay nada nuevo, los militares seguirán en las calles, no habrá retiro ni a corto ni mediano plazo, sino al contrario, sigue la militarización de la seguridad pública, nada nuevo, las policías naval y militar realizan estas funciones desde 2013.”
Señaló que tal y como se plantea el esquema para erradicar los paraísos fiscales se “abre la puerta a una gran discrecionalidad en relación a la persecución de la evasión de los grandes contribuyentes.”
En relación a la erradicación de la represión y tortura, en opinión de la perredista, “el Plan no propone nada más allá de cumplir con el deber del Estado sin generar propuesta alguna.”
En relación a las coordinaciones regionales, Juárez Piña advirtió que “violaría la autonomía de la Fiscalía General y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y representa la desaparición de facto de las autoridades locales y municipales en materia de seguridad”, consideró
