Más del 70% no logra obtener un empleo formal y terminan laborando en el sector informal.
En nuestro país, las personas con alguna discapacidad enfrentan distintas formas de exclusión y se ven afectados en su desarrollo personal por no poder acceder a un trabajo digno, indicó el diputado Ángel García Yáñez.
Por lo anterior, precisó, “resulta necesario trazar políticas públicas en favor de este sector de la población, pues más del 70% no logra obtener un empleo y termina laborando en el sector informal, de acuerdo con la Fundación Paralife”.
En entrevista, el diputado dijo que “las personas con discapacidad no sólo se enfrentan a problemáticas por sus limitaciones físicas, sino también se ven obligados a enfrentar las barreras del entorno social, entre ellos, el acceso a un trabajo digno”.
El también Secretario de la Comisión de Desarrollo Social indicó que lamentablemente en nuestra sociedad, la discapacidad es motivo de discriminación en todos los ámbitos.
“Han sido considerados de manera equívoca como improductivos, y vistos como una carga social, situación que los ha marginado y los ha limitado para realizar las actividades comunes de la vida diaria”, manifestó.
Por ello es que este sector tiene una menor participación dentro de la economía, por lo que registra la tasa de pobreza más alta, señaló.
El diputado morelense indicó que según cifras del INEGI, de la población total el 6 por ciento padece de algún tipo de discapacidad, la cual es rechazada constantemente cuando buscan un empleo formal, y cuando lo obtienen, reciben salarios inferiores.
Agregó que derivado de la reforma constitucional de junio de 2011, el Estado mexicano está obligado a adoptar medidas pertinentes para hacer efectivos los derechos relacionados con las personas con alguna discapacidad.
Lo anterior, obliga a las autoridades correspondientes a dar respuesta a sus necesidades, dijo.
Finalmente, recordó que su fracción parlamentaria presentó una iniciativa de reforma con la que las dependencias e instituciones oficiales y entidades públicas y privadas tanto federales como locales, deberán emplear un dos por ciento de personas con discapacidad.
