Un grupo de 13 organizaciones opositoras nicaragüenses acusaron al presidente del país, Daniel Ortega, en el poder desde 2007, de establecer “un Estado de excepción de facto y terror”, así como de “partido único” en Nicaragua.
“La estrategia de Ortega y (su esposa, la vicepresidenta Rosario) Murillo es implantar un Estado de excepción de facto y terror en contra de la ciudadanía nicaragüense”, denunciaron en un pronunciamiento las organizaciones, entre ellas la Unidad Nacional Azul y Blanco, y el Movimiento en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Volcanes (Movimiento Campesino).
Consideraron que las recientes capturas de al menos 10 disidentes sandinistas y sus familiares “son parte de las acciones para terminar de instituir su modelo de partido único”.
De acuerdo con diversas denuncias, la semana pasada al menos 10 personas fueron arrestadas por la Policía Nacional, entre disidentes sandinistas y sus familiares.
Los disidentes detenidos pertenecen a la organización política Unión Democrática Renovadora (Unamos), anteriormente llamado Movimiento Renovador Sandinista (MRS), que nació como una escisión del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
“Ortega ha iniciado esta nueva oleada represiva en un nuevo intento por detener y acallar cualquier voz contraria a su discurso régimen, el cual solo se mantiene en el poder haciendo uso de la violencia, lo cual es un modelo insostenible”, indicaron las organizaciones, incluidas la Fundación Nicaragüense Americana para el Desarrollo de la Educación y la Cultura (Funadec), la Asociación Médica del Exilio de Nicaragua, y Nicaragua Freedom Coalition.
Según datos avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), actualmente en Nicaragua hay más de 200 personas consideradas “presos políticos”, como producto de la crisis sociopolítica local.
La oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) informó de un deterioro en el cumplimiento de los derechos humanos en Nicaragua en los últimos cuatro años, que incluyen atentados contra las libertades de expresión, reunión y movilización, además de acciones contra la prensa y la Iglesia católica, que han llevado al exilio a cientos de miles de personas, incluyendo cientos de periodistas y decenas de religiosos.
Nicaragua, cuya crisis comenzó en abril de 2018, tiene previsto realizar elecciones municipales el 6 de noviembre próximo, un año después de los comicios generales en los que Ortega y Murillo fueron reelegidos con siete de sus principales rivales en prisión y dos en el exilio.
