Justo cuando todo parece ser miel sobre hojuelas para el titular del ejecutivo estatal en cuestión de designación de notarias, fue publicada una nueva sentencia del mismo tribunal colegiado que dio la razón en el tan sonado caso de la abogada Guadalupe Sánchez González, a quien en 2018 le fue mutilado burdamente su examen con el propósito de privarla de ese derecho.
Desde el principio y dado el proceder de los involucrados, se dejó evidencia de una aparente intención de no dejarla llegar porque no pertenece a la cúpula privilegiada.
No fue una, sino dos veces en que el mismo tribunal federal, en el asunto que incluso llegó a la Suprema Corte, reiteró que existe una flagrante transgresión a los derechos de Sánchez González no solamente por haber desprendido burdamente hojas de su examen en el concurso, sino ahora, por haberle aplicado un examen distinto del que originalmente había sustentado para obtener el mismo fin, es decir, obstaculizar a toda costa su nombramiento de notaria.
La tercera será la vencida, pues en esta ocasión la máxima autoridad del país ha ordenado que se le apliquen las mismas preguntas de cuyo desprendimiento se comprobó plenamente en juicio, dándole el tiempo suficiente para contestarlas, sin que ello implique ventaja para la abogada, sino justamente su reparación al derecho transgredido.
La duda que ahora queda es si en esta ocasión el Colegio de Notarios hará gala de la transparencia que pregona y le hace honor a las palabras del ejecutivo, pues en esta nueva etapa, de seguir con dudosa actitud, ya no solo repetiría la vulneración de los derechos de la abogada, sino que burlaría la decisión de un tribunal federal, lo que redundaría en la destitución de cargos, remisión del expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la posible consignación del expediente a un juez federal por el delito de desacato.
