El grupo parlamentario de los Diputados Ciudadanos presentó una iniciativa de reformas a la Constitución con el propósito de crear condiciones de discusión que permitan destrabar la reforma educativa y distender el conflicto que mantiene roto el diálogo con una parte del sindicato de maestros.
“No queremos que se repitan hechos de violencia como los ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, donde la represión gubernamental asesinó a pobladores de la región y maestros”, dijo la diputada Candelaria Ochoa al presentar en la tribuna esta propuesta que establece que el Ejecutivo Federal determinara los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República, considerando la opinión de los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, así como de diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia.
Ochoa dijo que las fallas de la reforma han surgido de origen por la exclusión de los maestros y personal docente del proceso de reforma. Por el contrario han sido puestos en el banquillo de los acusados como los responsables del atraso educativo, cuando menos.
“Esto ha llevado a que los profesores, de manera creciente, salgan a las calles a exigir ser atendidas sus observaciones y considerados sus argumentos respecto a las fallas que tiene la reforma educativa y se abran las espacios de discusión de la misma, esta vez, integrando de manera real a los diferentes actores del sistema educativo, en el que los maestros y los padres de familia son los centrales”, subrayó.
La incapacidad de diálogo por parte de las autoridades ha llevado a que el enfrentamiento con los profesores haya escalado a niveles de violencia inaceptables, pues el conflicto ha devenido en profesores muertos, desaparecidos, presos políticos y reprimidos, lo que sólo aumenta el círculo de conflicto y violencia.
Por tanto, la diputada Ochoa consideró que el poder legislativo y en particular la Cámara de Diputados debe asumir un papel activo de mediadores y espacio de diálogo en el que las diversas posiciones encuentren una salida institucional y la reforma educativa tenga el alcance que realmente requiere nuestro país para salir del rezago educativo en el que actualmente se encuentra.
Expuso que lo que se ha vendido como reforma educativa constituye, en realidad, una reforma laboral; mediante la aplicación de la evaluación se puede despedir a un maestro, cercenando los derechos adquiridos de los profesores en su aplicación retroactiva, ya que se aplica quien haya accedido a su plaza en determinadas condiciones, modificando las condiciones de permanencia en su empleo.
“Además se sataniza al trabajador docente bajo el argumento de que tiene muchos privilegios; y no se nos ha dicho quienes, como autoridad, firmaron los convenios ampliando los derechos de los trabajadores de la educación”.
La iniciativa propone reformar la fracción III del artículo 3º de la Constitución y derogar la fracción II del artículo transitorio quinto del decreto de reformas al artículo 3ro. y 73 Fracción XXV.
“Se ha dicho que el propósito de la reforma educativa, tal como está diseñada actualmente, es incentivar a los docentes para prepararse más y así mejorar la calidad de la educación en México”, subrayó la Diputada Ciudadana. “Sin embargo, ello no ha sido así. El problema principal de la reforma ha sido ignorar los contextos rurales e indígenas y de concentrarse en el docente como factor casi único del logro educativo. La reforma actual parte de la premisa de que el cambio en las reglas de contratación de los docentes habrá de llegar al aula y a los aprendizajes a través de una mejora en su desempeño”.
La diputada Ochoa también presentó otra iniciativa de reformas al segundo párrafo del artículo 3o. constitucional para integrar el respeto al medio ambiente y la igualdad de género.
“Porque en la familia educamos y nos educan en la igualdad, en la desigualdad, en la honestidad, en la deshonestidad, en la mentira, en la verdad, incluso la sexualidad se aprende en la familia. A la escuela vamos a aprender ciencia. Nuestro país requiere repensar la educación, requiere el diálogo y el consenso, de la integración de todos los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje, requiere diagnósticos objetivos y certeros”.
Por su parte, la diputada María Elena Orantes presentó una iniciativa de una adición al artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Se refirió a la incapacidad visual niños, mujeres y hombres y a la discapacidad física que generan discriminación cuando la atención no es igualitaria en los ámbitos escolares.
“Los niños tienen que aprender a convivir con niñas y niños que puedan tener algún problema con discapacidad, pero tiene que ser parte de nuestra educación y parte de nuestra cultura”.
Por ello propuso dar facultades al Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación, así como al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad para poder generar una difusión implementada y actualizada de programas de capacitación orientados a servidores públicos de todos los niveles y muy en especial a los presidentes municipales, en la primera instancia de atención, el municipio.
“¿Por qué hacer esto? Porque si no están preparados o capacitados, lejos de generar oportunidades a las personas con discapacidad, las obstaculizan. También se trata de incorporar condiciones en materia laboral que permitan a las personas con alguna discapacidad acceder a puestos donde pueden servir de manera eficiente”.
