El Gobierno mexicano denunció y cesó a un número no precisado de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) por sospechas de estar involucrados en la masacre del 22 de enero en el noreste del país en la que se encontraron 19 cuerpos calcinados, entre ellos varios guatemaltecos.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, confirmó el cese de decenas de funcionarios, incluyendo a quienes participaron en el caso del municipio de Camargo, Tamaulipas, donde apareció una camioneta que antes estaba resguardada por el INM en el vecino estado de Nuevo León.
