Más de 4.9 millones de mexicanos se encuentran en una situación precaria, enfrentando un potencial riesgo de deportación desde Estados Unidos, según un reciente estudio del Colegio de la Frontera Norte (Colef). A pesar de esta alarmante cifra, los especialistas del Colef descartan que una ola de expulsiones pueda generar un caos en las comunidades fronterizas.
La administración del expresidente Donald Trump, que ha intensificado las políticas de inmigración, se enfrenta a obstáculos operativos y presupuestarios que limitan su capacidad para llevar a cabo redadas masivas. A pesar de los esfuerzos por «sellar» la frontera, estos dependen en gran medida de un contingente de 1,500 militares que carecen de la experiencia necesaria y tienen prohibido, por ley, detener a migrantes.
El Colef señala que el gobierno utiliza el discurso retórico como una herramienta clave para crear un clima de pánico y confusión entre la población migrante. «Si el gobierno de Donald Trump deportara a 2,000 personas por día, de las cuales aproximadamente 800 serían mexicanos, el impacto en las ciudades fronterizas sería significativo, pero no catastrófico», explica el análisis. «Apenas representarían 100 mexicanos devueltos por día en cada localidad».
Las limitaciones operativas también son evidentes en la falta de personal capacitado, ya que se estima que el entrenamiento de nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza puede llevar más de un año. Actualmente, la agencia cuenta con 16,878 agentes, distribuidos en tres turnos para cubrir una frontera que se extiende por 3,000 kilómetros.
El proceso de deportación también enfrenta restricciones legales. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) debe esperar que un individuo cumpla su condena antes de realizar cualquier acción, lo que complica aún más la capacidad del gobierno para llevar a cabo deportaciones rápidas y masivas.
Entre los grupos más vulnerables, el Colef identifica a 265,524 migrantes mexicanos que están en riesgo inminente de deportación, de los cuales solo 5,089 han sido detenidos hasta la fecha. Además, 276,290 mexicanos con antecedentes penales en EE. UU. están en custodia, mientras que 610,852 han estado en el país menos de cuatro años. La situación es aún más compleja para 1,933,208 indocumentados que no tienen hijos estadounidenses y que no pertenecen a programas como DACA. Por otro lado, un millón 395,220 mexicanos que son padres de niños ciudadanos estadounidenses también enfrentan el riesgo de deportación, aunque aquellos inscritos en el programa de dreamers, totalizando 436,300, son considerados los menos vulnerables.
A medida que la situación de los migrantes mexicanos en Estados Unidos sigue evolucionando, la comunidad y los defensores de los derechos humanos continúan abogando por un enfoque más humano y comprensivo hacia la inmigración y la deportación.
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