Por: Fernando Plascencia
Podemos decir que los lugares donde nos desenvolvemos y también el cómo lo hacemos han cambiado a raíz del disparo de los casos de desapariciones en México, pero principalmente en nuestro Jalisco. La violencia es una capa que ha cubierto la forma en que interactuamos, con tal fuerza que ha terminado por cambiar valores sobre lo público que la sociedad jalisciense había hecho suyos por décadas.
Las desapariciones tienen ese doble filo, de sacudir organizaciones públicas y de lastimar a grupos enteros de personas organizadas socialmente, además de que se trata de un delito con el 100 % de impunidad, tiene otra ventaja que en verdad se puede hacer de poco a nada como sociedad.
Pero, ¿qué nos quitan las desapariciones? En primer lugar, nos quitan la oportunidad de estar en espacios que son de todas las personas por una causa muy sencilla, el terror a la exposición de ser desaparecido. Los espacios públicos han pasado de ser de todos a ser de unos cuantos, que, con la primicia de infundir terror, las personas hemos cedido de manera voluntaria los parques, las carreteras, los caminos, los bosques, los barrancos, para que en su lugar sean utilizados como fosas y campos de tiro.
Los grupos criminales se han apropiado de espacios para hacer de ellos lo contrario a aquello para lo que muchos han sido diseñados, es decir, generar bienestar y desarrollo. Se ha perdido el valor del terreno público a partir del miedo y del terror y eso es algo que las autoridades no deberían permitir.
Las desapariciones han hecho también que el Estado se recule, se guarde y en consecuencia que nuestros gobiernos se vuelvan opacos, poco transparentes con las acciones que realizan y con los números que deberíamos de saber todos sobre las desapariciones. No es por morbosidad que los datos deban ser públicos, sino en primer lugar por el derecho a la verdad y en segunda porque decenas de académicos usan como materia prima estos números. El caso concreto es que los registros federales y estatales no coinciden. Debemos, para enfrentar el problema, conocerlo y eso se hace a través de cifras si no, se corre el riesgo de ir a tientas.
Por otro lado, ningún servicio de gobierno debe ser exclusivo. Las desapariciones han traído consigo un desbalance entre la ciudadanía que se atiende y la que no, parece que hay ciudadanos de primer nivel y de segundo. Y una de las respuestas es que el indicador que han utilizado las autoridades es lo mediático que llegue a ser el caso. Mucho de lo anterior se ha logrado por las familias y gracias a los colectivos que desde hace años vienen haciendo una labor digna de medallas nacionales, pero que genera un punto de desigualdad.
El problema es que cuando las autoridades estatales deciden tomar un caso, repito, principalmente uno de gran alcance, incluso nacional, ya tienen en la bandeja otros 7 por atender y las capacidades estatales no dan para esa atención casi “personalizada”. Lo que sí debemos exigir es que se les dé trato igual a todas las personas desaparecidas.
15 mil personas han sido desaparecidas y seguimos sin saber cuáles son los mecanismos gubernamentales para prevenirlas. Sabemos mucho de los mecanismos para la búsqueda y que las acciones van en aumento e incluso que podrían ser más efectivas, pero esto se vuelve irrelevante cuando lo que se está haciendo es atacar la consecuencia o los efectos de un problema mayúsculo.
A pesar de los cambios que como sociedad seguimos experimentando, no debemos renunciar para que esta realidad cambie. En Jalisco somos más los que queremos que las desapariciones paren, incluyo a periodistas, académicos, familias y colectivos, no obstante, pongo en duda el trabajo de los gobiernos.
