Proteger la salud y el bienestar de los empleados de las empresas suena a una labor loable y conveniente, pero una iniciativa de ley que fue presentada en el Congreso –llamada curiosamente ‘Preserving Employee Wellness Programs Act’ (Ley de Preservación de los Programas de Bienestar de los Empleados) podría generar un escenario pesadillesco.
Esa propuesta plantea que las empresas puedan operar programas llamados de ‘bienestar en el trabajo’ que, como señala el portal Vocativ, podrían empujar a que los trabajadores y sus familias entreguen a sus empleadores su información genética.
Y aunque esos programas de bienestar serían de participación voluntaria, como comenta The New York Times, quienes prefieran no participar, y mantener reservados los datos de su ADN, podrían ver incrementados sustancialmente los costos del seguro médico que reciben vía su empleador.
Se alega que acceder a la información genética de una persona permite identificar mejor las opciones que más le convengan y establecer su nivel de riesgo en materia de salud, pero incluso aunque eso fuese así en el contexto más positivo posible (y no sólo una vía retorcida para reducir los costos de las aseguradoras y empleadores), muchos han alertado sobre los graves peligros al exponer los datos del ADN de las personas y consideran inaceptable que a quienes opten por mantener esa información privada se les impongan penalidades económicas.
Los programas de bienestar fueron creados en el marco de la Ley de Cuidado de Salud (llamada Obamacare) y ya propicia que empleados entreguen voluntariamente su información médica a su empleador. Ahora, los republicanos plantean ampliar el rango de los datos que los empleadores pueden solicitar para incluir el ADN.
Pero, como indica el Times, expertos han cuestionado que esos ‘programas de bienestar’ realmente lo sean y señalan que, más bien, actúan como esquemas de coerción y recompensa, más la primera que la segunda, para lograr reducir costos en el seguro médico que ofrecen a sus trabajadores.
El propio nombre de la iniciativa la delata en cierto modo pues se propone preservar los programas de bienestar de los empleados: es decir, su objetivo es el mantenimiento de esos esquemas que ayudan a reducir costos del empleador y las aseguradoras y cuyos beneficios a los empleados no han sido cabalmente probados, y no tanto el bienestar en sí de los trabajadores.
Por añadidura, las personas que entregan sus datos médicos y genéticos estarían expuestas a sufrir discriminación, pues la iniciativa reduce las facultades de la Comisión Federal de Igualdad de Oportunidades Laborales para prevenir y actuar en contra de actos de discriminación por razones del ADN de una persona y podría abrir la puerta para que la exigencia de esos datos se dé a gran escala (actualmente las leyes lo prohíben).
El espectro, por ejemplo, de que una persona enfrente costos de seguro médico muy elevados sólo porque posee un gen que lo predispone a cierta enfermedad, aunque aún no la haya desarrollado o quizá nunca la desarrolle, o que su progreso laboral o salarial se vea frenado por esa u otras circunstancias vinculadas a su ADN sin que existan suficientes protecciones legales contra ello suena más a estado totalitario que a una democracia.
Pero para los críticos de los ‘programas de bienestar’ (establecidos en realidad en el marco de Obamacare) y de la nueva iniciativa republicana de ‘Preservación de los Programas de Bienestar de los Empleados’, los planteamientos para que empleadores y aseguradoras puedan utilizar la información genética y del historial médico de sus trabajadores implica graves riesgos de vulneración de los derechos civiles. Y, cabe reiterar, hay voces que señalan que, en realidad, esos programas no son de utilidad real para los trabajadores.
El detalle es que, en la balanza política presente, esa iniciativa ha ido avanzando en la Cámara de Representantes. Como se comenta en Forbes, esa propuesta ya fue aprobada a nivel comité (con 22 republicanos a favor y 17 demócratas en contra) y se plantea que será presentada al pleno en el marco de la reforma a las leyes de salud vinculadas a Obamacare, proceso que está actualmente en marcha.
La gran pregunta es si los representantes serán sensibles a los prospectos negativos de la ley en términos económicos (las penalidades a quien decida no entregar su información genética y médica podrían ser de 30% del costo de los beneficios de seguro de salud, y hasta del 50% para los fumadores) y de derechos civiles (la posible discriminación resultante de la revisión del ADN de las personas) o si las meras consideraciones de reducción de costos para empresas y aseguradoras serán suficientes para eclipsar lo demás.
Pues aunque los ‘programas de bienestar’ ofrezcan beneficios (lo que muchos cuestionan), el hecho mismo de entregar información genética, incluso si es voluntariamente, coloca a la persona en una situación de fuerte vulnerabilidad, sobre todo cuando al mismo tiempo que eso sucede las leyes que lo protegen de la discriminación resultan mermadas.
El saldo social y simbólico de aprobar esa iniciativa de ley puede resultar, así, muy ominoso. El espectro de una sociedad estratificada y controlada en función de los datos genéticos de su población es un escenario indeseable y tiránico que debe ser evitado.
