Por: Héctor Romero González
Al uso del sistema judicial con fines de persecución política se ha denominado coloquialmente como “lawfare”, siendo esta una contracción de las palabras en inglés “law” (ley) y “warfare” (guerra), pudiendo emplearse con perfección para describir el caso de Sergio Aguayo contra Humberto Moreira.
Para comprender esto, debemos remontarnos al origen del litigio. Humberto Moreira es un político que, no podemos llamar corrupto porque es capaz de demandar a quien ose hacerlo, pero fue listado por la revista Forbes, en Estados Unidos, como el séptimo de los diez políticos más corruptos de México, a raíz de la notoriedad alcanzada con motivo de la negligente contratación de deuda pública de Coahuila mientras él era gobernador, la cual alcanzó los 35 mil millones de pesos.
El 20 de enero de 2016, ante la nota publicada días antes por diversos medios de que Humberto Moreira había sido detenido en España por blanqueo de capitales, organización criminal y cohecho, Grupo Reforma publicó una columna de Sergio Aguayo intitulada “Hay que esperar”, en la cual señaló que “Moreira es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana”.
Esto desencadenó que el ex mandatario iniciara un calvario judicial en contra de Sergio Aguayo, al demandarlo en la vía civil, donde a pesar de ser absuelto en primera instancia, la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia, integrada por Delia Rosey Puebla, Miguel Ángel Mesa Carrillo y Francisco José Huber Olea (quien cuenta con un conflicto de interés aparente), determinó en octubre pasado condenar al académico al pago de 10 millones de pesos, en una sentencia que omite considerar los precedentes judiciales que se han establecido por la Suprema Corte en los que se reconoce la libertad de expresión como una piedra angular en la construcción de la democracia deliberativa.
La faceta social de la libertad de expresión y su importancia para mantener un constante escrutinio público, mediante una población informada, ha orientado a que los tribunales fallen privilegiando la posición de esta por encima de los derechos de la personalidad, especialmente cuando se trata de personajes que con motivo de su cargo público han adquirido notoriedad. Destacan en la lista de precedentes el caso Acámbaro y la demanda de Martha Sahagún contra Olga Wornat, en los cuales la Corte fija una serie de lineamientos que deben observarse en la función judicial cuando se pone en entredicho los alcances de la libertad de expresión, entre los cuales están la necesidad de que exista “malicia” por parte del comunicador y que se acredite un daño real a la honorabilidad por el personaje que se dice afectado, aunado al especial grado de tolerancia que deben soportar aquellos que desempeñan cargos de elección popular.
Ahora la batalla judicial se libra en las trincheras de los tribunales de la federación, en la instancia del amparo directo, la cual, por regla general, es la última instancia a la que pueden acudir los gobernados cuando consideran que hubo un atropello a sus derechos humanos por un órgano judicial.
Sin embargo, la fijación de una garantía desproporcional a las capacidades económicas de un periodista y académico como Aguayo fueron las que levantaron en la opinión pública el atropello del cual está siendo objeto, por lo que pronto, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena solicitó la atracción de la Suprema Corte del juicio, lo que debe ser aprobado por sus homólogos.
La causa es una oportunidad del máximo tribunal en el país para establecer criterios que garanticen el adecuado ejercicio de la libertad de expresión, a la par de que clarifiquen las responsabilidades que deben asumir los comunicadores y se establezca el parámetro de constitucionalidad de las normas que son excesivamente severas o resulten ambiguas al establecer sanciones por un ejercicio indebido de la actividad periodística.
Este debate es aún más oportuno cuando hace algunas semanas se filtraron diversas iniciativas de ley, supuestamente elaboradas por el Gobierno Federal y la Fiscalía General de la República, en las que se contemplan una serie de delitos cuya redacción es tan desafortunada y retrógrada que pudieran llegar a criminalizar el legítimo ejercicio periodístico.
@hecromg
