Por: Verónica Juárez Piña
Con la celebración del quinto aniversario que tendrá lugar este 1 de julio en el Zócalo de la Ciudad de México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador prácticamente entra en su recta final, lo que abre la oportunidad de hacer un balance de algunos de sus resultados y compromisos que desde el inicio, él planteó como prioritarios y que, más allá de la acostumbrada retórica presidencial, han ido en franco retroceso.
Varias de estas políticas públicas son cruciales para el bienestar y la garantía de los derechos de las y los mexicanos, aunque en esta colaboración sólo abordaré la pobreza y el combate a la corrupción, dejando para otra oportunidad el análisis de otros rubros.
Si bien el propio gobierno desmanteló y pauperizó instituciones claves para la medición de las acciones gubernamentales, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); y el Sistema Nacional Anticorrupción, argumentando que tiene sus propios datos, hay indicadores que permiten inferir que las políticas públicas implementadas en distintos sectores de la actual administración, han fracasado.
Por ejemplo, de acuerdo con el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2022, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2020 se encontraban en situación de pobreza: 7 de cada 10 personas indígenas, 49.5% de la población con discapacidad, la mitad de las niñas, niños y adolescentes, y 46.1% de la población de 12 a 29 años.
En este último grupo de la población, según uno de los prioritarios programas sociales, la carencia con mayor incidencia para las y los jóvenes fue el acceso a la seguridad social, seguida de la de acceso a los servicios de salud, que de 2018 a 2020 aumentó de 19.6% a 32.1%.
En donde sí se observó una mejora es en los adultos mayores, pues de 2018 a 2020 se estimó una reducción en la proporción de personas en situación de pobreza al pasar de 43.2% a 37.9%. Sin embargo, es pertinente observar el uso clientelar que el gobierno de López Obrador ha dado a los programas para la atención de este grupo de la población, aunado a la falta de transparencia en la distribución de los recursos no sólo de estos apoyos, sino de la política social en general.
Respecto a la corrupción, si bien se han evidenciado varios casos en los que se han visto involucrados familiares de López Obrador y altos funcionarios de su gobierno, el mayor escándalo es el desfalco de 15 mil millones de pesos perpetrado en Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), creada al principio de esta administración con el supuesto de garantizar la seguridad y soberanía alimentaria.
El desfalco a SEGALMEX es uno de los casos de corrupción más grandes de la historia reciente, que supera con mucho a la Estafa Maestra, mediante la cual se desviaron 7 mil 670 millones de pesos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Por este ilícito han sido detenidas 8 personas, entre mandos medios y de dirección, sin embargo, Ignacio Ovalle Fernández, a quien su amigo el presidente colocó como director, ni siquiera está siendo investigado, aunque tuvo que renunciar al cargo cuando su situación era insostenible. De estos miles de millones de pesos del erario público, nada ha sido recuperado.
De tal manera que más allá de las mentiras con las que cada mañana se ha pretendido tender una cortina de humo sobre la realidad del país, la verdad es que durante el gobierno de López Obrador millones de mexicanas y mexicanos han visto deteriorado seriamente su derecho a una vida digna.
