Por: Arq. Carlos Enrique Martinez Gutiérrez
El pasado 8 de Julio llamó la atención un twitter de la cuenta del Presidente de la República donde anunciaba que estaban listos “104 proyectos diversos elaborados por la facultad de Arquitectura de la UNAM, para el desarrollo urbano de colonias populares de ciudades turísticas y fronterizas” y en el sitio oficial de la facultad de Arquitectura se informó que fueron entregados a la SEDATU.
Estas declaraciones motivaron de inmediato una respuesta por parte del Presidente de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, donde estableció claramente que “El trabajo profesional lo hacen los profesionistas, no las Universidades. Las Universidades deben de formar profesionistas, no quitarles el trabajo, qué falta de ética y qué triste ver como el gobierno trabaja menospreciando a los profesionistas del País”, apuntó.
El reclamo, el peso y la contundencia de las declaraciones del presidente de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana A.C. (FCARM) no es cosa menor, dado que dicha federación está conformada por setenta y siete Colegios de Arquitectos, legalmente integrados y establecidos en todo el país, con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuenta con más de 25,000 agremiados legalmente establecidos y distribuidos por todo el territorio nacional, es el organismo representante en el país de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), miembro de la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos, así como de otros organismos gremiales internacionales.
Las declaraciones del Presidente de la República llenaron de extrañeza, pero la actitud y proceder de los directivos de la facultad de arquitectura de la UNAM causaron molestia a nivel nacional, entre el gremio de los arquitectos y el sector de la construcción en general por la gravedad del caso.
De manera creciente, muchas dependencias e instituciones que integran la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal, así como gobiernos Estatales y/o municipales, han estado utilizando a diversas instituciones de educación superior y a organismos públicos descentralizados, como prestadores de servicios profesionales relacionados con los proyectos para la obra pública, y ejemplos sobran, en Jalisco en junio del 2017, la inmobiliaria de la UdeG Uniterra fue señalada por la Secretaría de la Función Pública por incumplimiento de contrato de un proyecto para el IMSS, imponiéndole una multa e inhabilitación por un año a la Universidad para recibir recursos federales, las preguntas obligadas son: Porqué la Universidad de Guadalajara tiene una Inmobiliaria? ¿Porqué esta inmobiliaria o la UdeG contrata proyectos de obra pública? ¿Son objetivos de la Universidad? ¿O es negocio de funcionarios? ¿Esto no es corrupción?
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3º, Inciso VII, establece que “Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio.”
Las Universidades constitucionalmente no tienen facultades para desarrollar servicios profesionales como los realizados por la facultad de arquitectura de la UNAM, pero si esto no fuera suficiente, una parte de estas instituciones de educación superior y de organismos públicos descentralizados suplantan la práctica profesional de la ingeniería, la arquitectura y sus ramas afines, solo como mecanismo alterno para obtener recursos económicos, con base en una triangulación de recursos públicos, siendo contratados por funcionarios, autoridades y representantes de las diversas dependencias e instituciones que integran la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal del gobierno federal, estatal o municipal, desviándose de las que la ley autoriza y señala para ello.
Con este acto se recordó y revivió la famosa Estafa Maestra, donde el desvío de recursos públicos a través de las Universidades en beneficio de unos cuantos se volvió a presentar y donde la UNAM fue una de las universidades señaladas con estos actos de corrupción en el sexenio pasado.
Pero si este hecho de por sí no fuera grave, también se cayó en una serie de ilegalidades por parte de la UNAM debido a que las actividades concernientes a la planeación, elaboración de proyectos, estudios diversos y construcción de cualquier tipo de obra, son acciones propias del ejercicio profesional de individuos, no son actividades mercantiles o empresariales y menos productos de trabajos estudiantiles o universitarios.
Al desarrollar trabajos para los que se requiere un título y cédula profesional, ejecutándolos con estudiantes, se comete el delito de usurpación de profesión tipificado en el código civil y código penal, donde se castiga con cárcel. Los catedráticos que coordinan estos trabajos, además de demostrar una total falta de ética profesional, caen en el delito de cómplices y encubrimiento de una ilegalidad.
Es inadmisible que desde la Universidad se les enseñe a los estudiantes a evadir las leyes que rigen su profesión, pero peor aun que las Universidades preparan profesionistas, les exigen un título, cumplir con una cédula profesional, a los profesionistas se les impone actualización profesional y certificaciones, para que al momento de desarrollar su profesión la Universidad que los formó les haga una competencia desleal, parece más un negocio de catedráticos que un servicio a la Nación y aunque así fuera también hay los mecanismos legales para hacerlo.
El respeto a las leyes es fundamental, pero también la calidad, contenido y costos de los trabajos realizados por los estudiantes, la experiencia en el ejercicio profesional nos ha demostrado que estos “trabajos o proyectos” no dejan de ser proyectos escolares, bonitos dibujos que distan mucho de ser proyectos realizables y menos proyectos ejecutivos, proyectos sin responsables y que la mayoría de las veces son financieramente inviables.
Es increíble que desde un escritorio de la ciudad de México se estén desarrollando proyectos por estudiantes sin conocimiento del lugar, sin respeto a los usos y costumbres de la localidad, sin conocer sus sistemas constructivos, de los materiales de la región, de su climatología, sin estudios previos etc. etc. y un largo etc.
El presidente de la República en su momento fue muy claro en su posición en contra de la Estafa Maestra y hoy una de sus estrategias de política pública es en contra de la corrupción en general, acciones que la mayoría de los ciudadanos apoyamos, pero desgraciadamente este tipo de acciones viola todo tipo de leyes, agrede al sector profesional, demuestra una total falta de congruencia y ética de los dirigentes universitarios, raya en actos de corrupción.
Si de verdad se quiere transformar el país, uno de los primeros pasos es meter orden en las Universidades públicas principalmente, erradicar este tipos de vicios, corruptelas y simulaciones, mandar una señal clara de honestidad y transparencia de las Universidades, porque de ahí dependen las futuras generaciones de esta Nación, Instituciones donde se formen profesionistas comprometidos, íntegros, capacitados, con gran sentido social y para lograrlo, necesitamos instituciones dirigidas por catedráticos ante todo honestos, respetuosos, éticos, y comprometidos.
