Por: Héctor Romero González
El día 9 de este mes pasó a segundo plano en la opinión pública una de las mayores amenazas que ha enfrentado la democracia mexicana en las últimas décadas, ante la renuncia del Secretario de Hacienda Carlos Urzúa.
Si bien esto último no se trata de una cuestión menor, no debe pasar desapercibido el ataque al sistema democrático de los diputados locales del Congreso de Baja California, quienes, el día 8 de julio aprobaron en sesión extraordinaria una iniciativa del diputado Víctor Manuel Morán Hernández, integrante de la bancada de MORENA, cuyo objeto es reformar el artículo octavo transitorio del Decreto 112, que data del pasado 11 de septiembre del 2014, para así ampliar la duración del encargo del gobernador electo del estado de Baja California, Jaime Bonilla, también morenista.
El texto original del artículo modificado establece que el mandatario electo en el proceso electoral del 2019 concluirá su cargo el 31 de octubre del 2021, para “efecto de la concurrencia de la elección de Gobernador del Estado con el proceso electoral federal 2021”.
Por su parte, el nuevo texto aprobado por el legislativo bajacaliforniano y por la mayoría de los ayuntamientos (Tecate, Ensenada y Playas de Rosarito), señala que quien resulte electo en el proceso electoral de 2019, concluirá el 31 de octubre de 2024.
Lo anterior es especialmente grave pues vulnera el principio de certeza en materia electoral establecido por el artículo 41 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se realiza en forma posterior a la elección de Jaime Bonilla como gobernador de la entidad, surgiendo la duda de si fue elaborada a la medida o si, de haber sido distinto el resultado de la elección, se hubiera planteado la misma iniciativa.
Dicho principio debe entenderse con un doble propósito, es decir, que al iniciar el proceso electoral los participantes conozcan las reglas fundamentales que integrarán el marco legal del procedimiento que permitirá a los ciudadanos acceder al ejercicio del poder público, pero también que la sociedad en general tenga pleno conocimiento de los alcances de su sufragio, el cual debe ser efectivo.
Además, esta decisión legislativa suprime una resolución previa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictada en el Juicio de Revisión Constitucional radicada con el expediente 22/2019, en el cual se desestima, en forma definitiva, la petición del propio gobernador electo para que se inaplicara el artículo octavo transitorio ya referido, pretendiendo que, en caso de ser electo, su cargo tuviera una duración de 5 años.
La iniciativa que motiva esta reforma se sustenta únicamente en la consideración dogmática del diputado Víctor Manuel Morán Hernández que los procesos electorales resultan onerosos para el gasto público, así como una serie de argumentos retóricos que no justifican en forma alguna una reforma de semejante trascendencia.
Ello demostrando un claro desconocimiento de que el propósito de establecer el periodo por solo dos años fue para lograr la concurrencia con las elecciones federales intermedias, lo cual genera una disminución de costos en su organización, manteniendo la soberanía del estado, al diferenciar la elección del ejecutivo estatal del federal.
Por su parte, sin abundar en los motivos por los cuales así se determinó, el Congreso procedió a la aprobación de la iniciativa dispensándola del proceso legislativo, votándose favorablemente por 21 de los diputados integrantes (11 PAN, 1 PT, 5 PRI, 1 PRD, 3 MORENA, 1 MC, 1PBC y 1 Transformemos), mientras que tan solo uno se abstuvo (Miguel Osuna Millán del PAN).
Esto deja en claro la ausencia de contrapesos entre poderes y partidos en Baja California, lo cual, sin lugar a dudas, se replica en otras entidades federativas. Incluso, probablemente acontezca con mayor evidencia después de los comicios de 2021.
Sin embargo, a nivel nacional se han sumado voces de actores relevantes vilipendiando la reforma. PAN, MC y PRI han determinado sancionar a los diputados que avalaron la misma, mientras que los dos primeros iniciaron procesos de expulsión.
Como sociedad debemos reprobar el precedente, debe ser inadmisible que una institución que se jacta de ser democrática, como lo es el Congreso de Baja California, ponga por encima su voluntad que la del pueblo, ya que al ampliar el periodo constitucional y hacer una reforma a la medida de una persona, trastoca los alcances de la voluntad popular, la cual determinó, mediante las urnas, que su gobernante fuese elegido por tan solo dos años.
Esperemos que esta no se trate de la primera de las reformas que den pie a la ampliación de plazos constitucionales para los mandatarios o, incluso, a reelecciones.
Si la motivación es económica, debemos preguntarnos qué es más caro para la sociedad, un proceso electoral o una dictadura.
@hecromg
