Por: Verónica Juárez Piña
El Ministro Arturo Zaldívar anunció que presentará ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una consulta extraordinaria para definir cómo el Poder Judicial de la Federación (PJF) procederá sobre el artículo que amplía su mandato y el de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal.
Es inconcebible que el Presidente del Máximo Tribunal Constitucional del país, que tiene como responsabilidad fundamental la defensa del orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pretenda poner a consulta ante sus pares si la acatan o no.
El Diario Oficial de la Federación publicó el 7 de junio el decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, y reforma diversas leyes; por lo cual esta norma entra en vigencia.
El artículo tercero transitorio de dicha ley propone que, con el fin de implementar la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, la persona que a su entrada en vigor ocupe la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal durará en ese encargo hasta el 30 de noviembre de 2024. Asimismo, propone la ampliación del mandato de otras consejeras y consejeros integrantes de la Judicatura Federal.
Dicha propuesta contraviene lo establecido en los artículos 94 y 97 de la Constitución, que establecen que ninguna persona que haya sido Ministro podrá ser nombrada para un nuevo período, salvo que hubiera ejercido el cargo con el carácter de provisional o interino; y que cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior.
Además, compromete la independencia del Poder Judicial, sobre todo porque esta ley fue promovida por el titular del Ejecutivo Federal y aprobada por la mayoría artificial de Morena. Una vez que fue publicada, López Obrador reiteró que está a favor de que se amplíe el período de la presidencia de Arturo Zaldívar en la SCJN. Insistió en que “ningún otro Ministro podría llevar a cabo las reformas al Poder Judicial.”
En el marco del seminario virtual “Autonomía e Independencia Judiciales, División de Poderes y Democracia”, en cuya organización participé junto con diputadas de diferentes fracciones parlamentarias, María Marván Laborde, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que la mejor puerta para llegar al autoritarismo es justificar la violación que se pretende a la Constitución y al Poder Judicial. “Pensar que una persona es indispensable es un acto de soberbia”, advirtió.
“No solamente se viola el principio del tiempo de mandato de quien preside la Suprema Corte, sino que vulnera la autonomía del Poder Judicial quitándole la decisión a las y los once ministros quienes deciden quien preside la Suprema Corte. No se puede bajar la guardia, se tiene que defender la división de Poderes”, apuntó.
Por lo anterior, diputadas y diputados de diferentes grupos parlamentarios promoveremos una Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo décimo transitorio de la reforma en comento.
El mensaje en las urnas el pasado 6 de junio fue muy claro. Las y los ciudadanos votaron por una mayor pluralidad en la Cámara de Diputados y no permitieron que Morena y sus aliados alcanzaran la mayoría calificada para poder reformar la Constitución al arbitrio del Presidente.
Manifestaron un contundente rechazo al insistente afán de López Obrador de fortalecer el presidencialismo autoritario, pasando por encima de la división de poderes y la democracia.
