Por: Verónica Juárez Piña
El espionaje practicado por el Ejército contra los grupos y las colectivas feministas que defienden los derechos humanos de las mujeres, no solo implica un riesgo para los derechos humanos, el ejercicio de las garantías constitucionales y la democracia; sino que confirma la aversión e intolerancia que, durante toda su administración, el presidente López Obrador ha mostrado al movimiento feminista.
Porque hay que decirlo fuerte y claro: el culpable de las actividades de espionaje desplegadas por el Ejército es el presidente de la República, pues como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas es responsable de cada uno de sus actos y, por lo tanto, López Obrador debe aclarar si estas acciones fueron autorizadas por un juez o si son ilegales, para lo cual procedería fincar las responsabilidades penales correspondientes.
El que el Ejército espíe y dé seguimiento puntual a las actividades de integrantes de grupos y colectivas feministas en todo el país; así como a las acciones que han desplegado para protestar contra los feminicidios y exigir el cumplimiento de los derechos humanos, como lo evidenció el grupo de hackers “Guacamaya”, es un signo muy preocupante del talante represivo que puede implicar otorgar amplias facultades a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública.
Es alarmante que el Ejército Mexicano se esté preparando para desplegar actividades de represión social, no sólo mediante las actividades de espionaje contra organizaciones civiles, sino con la adquisición de equipo y armamento con el supuesto de mantener el orden y la seguridad nacional.
También es inadmisible que el Ejército equipare las actividades de los grupos y colectivas feministas con las que lleva a cabo el crimen organizado. Esto denota la falta de perspectiva en materia de derechos humanos que tienen los militares, sobre la que se ha advertido en el marco del debate que amplía la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública.
Los grupos y colectivas feministas no somos un riesgo para Estado, ejercemos las garantías que nos otorga la Constitución de la República, abogamos por los derechos humanos de las mujeres, luchamos contra la violencia de género y los feminicidios y exigimos que las autoridades, empezando por el Presidente de la República, cumplan con lo que les corresponde.
Las actividades de espionaje del Ejército son parte del clima de intolerancia que el titular del Ejecutivo Federal ha fomentado contra quienes le exigen que cumpla con sus funciones, entre ellas el combate eficaz contra la violencia y los feminicidios.
En ese sentido, al promover una campaña de descalificación y ordenar al Ejército espíe a algunos grupos y colectivas feministas, el presidente debe asumir la responsabilidad del peligro en que esto coloca a sus integrantes.
