El gobierno de México se está dando cuenta de que con la entrada de un nuevo presidente a la Casa Blanca el miércoles, revocar una reforma que abrió los mercados energéticos mexicanos a los inversores extranjeros podría no ser tan sencillo como pensaba.
La promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de fortalecer la mano del estado en el sector energético se enfrenta a un ajuste de cuentas cuando Joe Biden asume la presidencia de Estados Unidos, comprometido a mantener un acuerdo comercial que limita el margen de maniobra de México.
López Obrador ha amenazado con revocar una reforma constitucional de 2013-14 del último gobierno que abrió el mercado energético al capital privado si no puede encontrar otra forma de reelaborar las reglas para ayudar a las dos grandes empresas energéticas estatales de México.
La priorización del presidente saliente de los Estados Unidos, Donald Trump, de frenar la inmigración ilegal dejó a López Obrador libre para intervenir en el mercado energético, lo que enfureció a los legisladores estadounidenses, que se han quejado ante la Casa Blanca de que México está socavando el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA). .
“(López Obrador) ha llegado a una especie de callejón sin salida en el que tendrá que decidir”, dijo Kenneth Smith, el negociador técnico principal de México en las conversaciones del T-MEC de 2017-2018. «No puede, para fines prácticos, un cambio en la constitución que revertiría la apertura (del sector energético) sin violar (USMCA)».
La reforma energética es vista como una prueba de fuego del respeto del izquierdista López Obrador por los contratos del sector privado.
La oficina del presidente no respondió a una solicitud de comentarios sobre esta historia.
Se espera que Biden adopte un enfoque de gobierno más basado en reglas que Trump, y que defienda la generación de energía renovable, que ha sido marginada en México por el apoyo de López Obrador a la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y la empresa de energía eléctrica Comisión Federal de Electricidad. (CFE), consumidor de combustibles fósiles de Pemex.
López Obrador ha calificado la reforma energética como el trabajo de políticos corruptos que sesgan el mercado a favor de las empresas privadas, muchas de las cuales argumentan que no está respetando el T-MEC.
Sin embargo, los funcionarios son conscientes de los riesgos para la inversión que podría crear deshacer la reforma, y López Obrador ha insinuado que podría estar retrocediendo ante la amenaza.
Habiendo aceptado el T-MEC como vital para revivir la economía de México después de la pandemia de coronavirus, ha manifestado públicamente su aprensión por burlar el acuerdo.
El 7 de enero, el presidente reflexionó sobre la eliminación del regulador de telecomunicaciones de México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), para ahorrar costos.
Poco después, el Ministerio de Economía, que supervisa el comercio, le advirtió que hacerlo podría contravenir el T-MEC, dijo a Reuters la ministra de Economía, Tatiana Clouthier.
El 8 de enero, López Obrador dijo que le habían dicho que el IFT no debería ser abolido porque estaba en el USMCA. El asunto sería analizado, dijo, y agregó: «No podemos hacer nada que viole la ley».
Clouthier señaló sus comentarios sobre el IFT cuando se le preguntó cómo vería ella cualquier medida del gobierno para derogar la reforma energética, dados los riesgos de burlar el T-MEC.
Otro funcionario, que habló bajo condición de anonimato, insistió en que la reforma «no sería cancelada». México perseguirá sus objetivos trabajando dentro del marco constitucional existente y mediante la negociación, dijo el funcionario.
López Obrador dice que está dispuesto a hablar con empresas que se sienten agraviadas por su sacudida del mercado, que ha puesto en duda miles de millones de dólares en inversiones.
