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La Agencia Metropolitana de Seguridad debe apegarse al marco constitucional

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Luego del anuncio por parte de alcaldes de seis municipios de la zona conurbada de Guadalajara, sobre la conformación de la Agencia Metropolitana de Seguridad; Roberto López Lara, Secretario General de Gobierno de Jalisco, afirmó que el Gobierno del Estado desde el inicio de su administración ha implementando estrategias como la conformación de la Fuerza Única Metropolitana y Regional, las cuales han rendido grandes resultados.

La postura de los alcaldes de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, San Pedro Tlaquepaque, Juanacatlán y Zapotlanejo, contrasta en todo momento con los acuerdos que se han establecido con los alcaldes, como es la instalación de tres mesas jurídica, operativa y administrativa, para el análisis de la conformación de la Agencia Metropolitana de Seguridad.

Mesas de trabajo que fueron aprobadas por los presidentes municipales y en las cuales participan, los síndicos, comisarios de seguridad y tesoreros municipales; en ellas se analizan todos los puntos para la integración de dicha agencia y en las cuales han surgido inquietudes que deben de solventarse para que se pueda crear.

López Lara, ratificó la postura del Gobierno de Jalisco, que es sumarse a la Agencia de Seguridad Metropolitana, pero la creación de este organismo debe de estar apegado al marco constitucional vigente y con una estrategia policial definida.

El titular de la Secretaría General de Jalisco, indicó que la fórmula para garantizar el derecho humano a la seguridad pública es en la vía de la coordinación entre Estado y Municipio; política que ha impulsado desde el primer día de su administración el titular del Ejecutivo, mediante la creación de la Fuerza Única; modelo que esta sustentado en la Constitución y en los Sistemas Nacional y Estatal de Seguridad Pública y debidamente aprobado por el pleno del Consejo Estatal de Seguridad Pública, conforme a la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco.

López Lara recalcó que la propuesta de los presidentes municipales carece de sustento y viabilidad y que la seguridad debe de trabajarse desde un punto de vista técnico y no político.

Por su parte, Carolina Toro Morales, Subsecretaria de Planeación del Gobierno del Estado, indicó, que todo modelo que promueva mayor seguridad para la población es bien recibido, pero este de debe de sustentarse en el marco de la ley, si no se corre el riesgo de que dicha agencia entorpezca la procuración de justicia.

Toro Morales, destacó el incremento de los índices delictivos en los municipios de la zona metropolitana, así como la percepción de inseguridad tras el retiro de los elementos de seguridad pública de la Fuerza Única Metropolitana a solicitud de los alcaldes.

Asimismo, Toro Morales, reiteró que de ninguna forma el Gobierno del Estado utilizará este tema tan sensible para la sociedad como materia de disputas políticas, ya que para la creación de la agencia deben de solventarse un cúmulo de inconsistencias, las cuales fueron entregadas por escrito al Instituto Metropolitano de Planeación el pasado tres de octubre.

En el documento entregado al IMEPLAN, se señala que la Agencia Metropolitana de Seguridad, no cuenta con alcances definidos, no se considera el destino fondos de programas federales para el financiamiento de sus acciones, carece de un proyecto financiero que establezca las obligaciones futuras de recursos para el Gobierno del Estado y los municipios, ni un desglose de los principales gastos en los que se incurrirán; por lo que la creación de un organismo público descentralizado, crea a un tercero, figura que no está contemplada en el actual marco legal.

De igual forma, es endeble el mecanismo que se plantea para realizar las transferencias de las obligaciones patronales, las patrimoniales de los bienes, incluida la transferencia del armamento de las corporaciones policiacas, regulada por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; así mismo carece de un esquema de operación territorial y líneas de mando claras que den certeza en la operación cotidiana de las policías.

Por su parte, el Fiscal General de Jalisco, Jesús Eduardo Almaguer Ramírez, hizo un llamado a los alcaldes municipales a respetar los tiempos propuestos en las mesas de trabajo, para la construcción de la Agencia de Seguridad Metropolitana y que cumpla con su objetivo, que es dar respuesta a los problemas de inseguridad.

Martha Gloria Gómez Hernández, Subsecretaria Jurídica del Gobierno del Estado, señaló que en el Artículo 115 en sus fracciones II y III Constitucional, indica que si bien los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar de acuerdo con sus leyes en materia municipal, las cuales deben expedir las legislaturas de los Estados, sobre sus corporaciones; los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus jurisdicciones, únicamente pueden delegarse funciones públicas municipales al Estado para que de manera temporal se haga cargo de ellas cuando a juicio del Ayuntamiento sea necesario.

De igual forma, en el Artículo 21 Constitucional, se señala qué, la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, entidades federativas y los Municipios, pero constitucionalmente la coordinación en materia de seguridad pública encuentra su base en el Sistema Nacional de Seguridad Pública que se integra por las autoridades antes mencionadas, por lo que las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública, por mandato constitucional sin reserva, excepción ni exclusión alguna en virtud de que de lo contrario no sería posible garantizar el derecho humano a la seguridad pública.

Lo anterior responde al carácter de la seguridad pública, cuya naturaleza es potestativa, indivisible e indelegable a terceros y únicamente se prevé que en el caso en que ésta no pueda cumplir con sus obligaciones se hará cargo de ella el Ejecutivo del Estado.

El Gobierno de Jalisco reitera su postura; sí a la coordinación que genere mayor seguridad, pero a través de una propuesta que de garantías a la población, por lo que se propone que en el pleno del Consejo Estatal de Seguridad Pública, se firme un convenio de coordinación operativa.

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