Aung San Suu Kyi defendió hoy el encarcelamiento de dos periodistas de la agencia británica Reuters, y en el caso del grupo étnico Rohingya, reconoció que pudo manejarse de mejor manera.
La Consejera de Estado de Myanmar estableció que Wa Lone y Kyaw Soe Oo, quienes trabajan para la agencia británica, violaron la ley y su caso «no tiene nada que ver con la libertad de expresión en absoluto», señaló en su participación en el Foro Económico Mundial para el Sudeste Asiático.
Los dos reporteros fueron condenados por posesión de documentos policiales mientras investigaban el asesinato de miembros del grupo Rohingya.
«No fueron encarcelados porque eran periodistas», sino porque «el tribunal decidió que habían violado la Ley de Secretos Oficiales», detalló en el evento que se realiza en la capital de Vietnam
Suu Kyi, Consejera de Estado pues la Constitución de Myanmar le impide asumir la presidencia, reconoció que la brutal represión contra la minoría musulmana -que las Naciones Unidas (ONU) calificó de «genocidio» – podría haber sido «manejada mejor».
Los periodistas fueron sentenciados a siete años de prisión la semana pasada por incumplir la Ley de Secretos Oficiales del país mientras informaban sobre las atrocidades cometidas durante la represión militar en el estado de Rakhine.
Suu Kyi, una vez engalanada como campeona mundial de los derechos, ha estado bajo intensa presión para usar su fuerza moral dentro de Myanmar y defender a los comunicadores, así como cambiar el trato a los Rohingya, de credo musulmán en un país budista.
Acusó que el mundo deja de lado la violencia que realizan militantes rohingya contra miembros del ejércitos y otros grupos étnicos, pero el gobieno de Myanmar debe de tratar a todos los grupos étnicos de la misma manera aunque el mundo no lo entienda.
Instó a respetar el funcionamiento del estado de derecho y aseguró que los dos periodistas tiene derecho a apelar la sentencia, señaló un reporte de Channel News Asia.
Más de 700 mil rohingyas han huído a Bangladesh a raíz de esta ofensiva militar en la que investigadores de la ONU encontraron elementos de «genocidio intencional».
