Por: Verónica Juárez Piña
El Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un exhorto a la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGEJ) para desistirse, a la brevedad, de los cargos que presentó en contra de Angélica “N”, de 18 años; Bethzabe “N”, de 24; Elia “N”, de 39; María “N”, de 40; Julieta “N”, de 19; Karla “N”, de 29 y Areli “N”, de 24 años.
Las siete mujeres fueron detenidas el pasado viernes 9 de julio por elementos de la Fiscalía, mientras protestaban en las instalaciones de la Secretaría de Educación local para manifestarse por la inacción de las autoridades frente a dos casos de abuso sexual en una escuela del estado.
Durante su protesta, según el comunicado de la FGEJ, las mujeres ocasionaron daños a los cristales de la fachada del edificio de la dependencia educativa estatal, motivo por el cual intervinieron elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado del grupo Ateneas, quienes detuvieron a 10 mujeres (8 adultas y 2 menores).
Cabe señalar que dos menores más fueron detenidas por los mismos actos y puestas a disposición de la Unidad de Investigación de Delitos cometidos por Adolescentes en conflicto con la ley.
Las mujeres se encontraban protestando por las omisiones de la autoridad en los casos de abuso que denunciaron y no llegaron únicamente a “causar destrozos”, llegaron a expresar su rabia y resentimiento por un gobierno que no ha respondido a sus demandas y que las criminaliza, dejando libres a quienes realmente atentan en contra de la sociedad.
Lo hemos dicho en ocasiones anteriores, como Estado mexicano, debemos aprender a hablar un lenguaje diferente, el lenguaje de la rabia y la impotencia, del hartazgo y la exigencia. Debemos hablar el lenguaje de las mujeres que, día a día, son violentadas e ignoradas, de las que destruyen monumentos y pintan vidrios, de las que les gritan a las policías que sus derechos también son violados porque cuando insultan, golpean, violan o detienen a una, lo hacen con todas.
Es por ello que la Fiscalía debe desistirse inmediatamente de los cargos en contra de las mujeres que protestaron por los abusos sexuales de dos menores y, a la brevedad, investigar las denuncias que hicieran, porque como víctimas, todas y todos tenemos derecho a que esta situación no se vuelva a repetir.
Es inadmisible que mientras que la FGEJ actúa de manera pronta y expedita contra quienes protestas por la inacción de las autoridades, sea omisa en investigar innumerables casos de abusos sexual contra menores en la entidad y en detener a los presuntos responsables.
De acuerdo con la Consulta Infantil y Juvenil 2018, organizado por el Instituto Nacional Electoral, en Jalisco la escuela es el segundo lugar donde las niñas y niños de entre 6 y 13 años de edad afirman haber sufrido algún grado de violencia, entre ellas el abuso sexual. (Consulta Infantil y Juvenil 2018. Reporte de Resultados)
La propia Fiscalía estatal reconoce que en la entidad en promedio se cometen seis casos diarios de abusos sexual infantil; y la impunidad prevalece, además de que las víctimas ni siquiera reciben atención psicológica. (Milenio, 29/04/2021)
En mayo de este año, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI), realizó una investigación donde detectó 18 colegios donde se han cometido abusos sexuales a niñas y niños de forma organizada en siete Estados de México. “Los menores han descrito que los delitos —que llegaban a ser cometidos de manera visible y masiva dentro de los centros— involucraban en algunas ocasiones a los maestros, a la directora del plantel a personal de intendencia, e incluso al hijo adolescente de uno de los profesores. Los testimonios apuntan a una serie de patrones delictivos marcados por acciones organizadas entre varios adultos y perpetradas de manera masiva dentro de un plantel escolar.” (El País, 31/05/2021).
Ente estas siete entidades, se encuentra Jalisco.
Por ello es inadmisible la actuación de la Fiscalía del Estado contra quienes exigen se actúe contra los responsables de abusos sexuales infantiles. Por el contrario, el esfuerzo de las autoridades locales y del Estado Mexicano en su totalidad, debe estar encaminado a garantizar la integridad física y emocional de las niñas y niños y, en su conjunto, el interés superior de la infancia. Ya basta de abusos contra la infancia y de autoridades omisas que los toleran y que solapan a los depredadores sexuales.
