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Juez ordena liberar a exgobernador mexicano acusado de corrupción

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Un juez federal ordenó la liberación de Rodrigo Medina, exgobernador del norteño estado mexicano de Nuevo León y acusado de corrupción, porque no se dio cumplimiento a un recurso promovido por la defensa y el delito por el que es procesado no es grave.

Un magistrado federal dio marcha atrás a la decisión tomada la mañana del jueves por otra autoridades de dictar prisión preventiva contra Medina, del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) y quien gobernó ese estado entre 2009 y 2015.

«El delito que se le atribuye (…) no es considerado como grave, ni merece prisión preventiva oficiosa», además de que la posibilidad de que Medina evada la justicia «es menor», informó en una nota de prensa del Poder Judicial.

Medina es acusado de haber generado daños al patrimonio estatal por 3.128 millones de pesos (unos 148 millones de dólares), según información oficial.

El abogado del político, Alonso Aguilar, explicó el jueves por la mañana a Radio Fórmula que Medina gozaba de una medida cautelar por la que no debía ser privado de la libertad hasta que exista una sentencia definitiva en su caso.

La prisión preventiva contra Medina constituye «un incumplimiento a una suspensión concedida previamente» para que no fuera detenido, añadió el Poder Judicial.

Entre las acusaciones que pesan sobre el exmandatario están su participación en presuntas irregularidades al otorgar incentivos al fabricante de automóviles coreano KIA Motors para instalar una planta en Nuevo León, polo económico del norte del país.

Esta semana, Interpol emitió una ficha roja para localizar a Javier Duarte, otro polémico exgobernador del estado de Veracruz (este) y militante del PRI, buscado desde octubre para que responda por delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

En noviembre del año pasado, el exmandatario de Sonora (noroeste) Guillermo Padrés, del conservador Partido Acción Nacional, se entregó en la Ciudad de México para enfrentar cargos de defraudación fiscal y lavado de dinero, por un monto de 8,8 millones de dólares.

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