Por: Dip. Verónica B. Juárez Piña
Vicecoordinadora del GPPRD
La juventud está acechada por múltiples incertidumbres. La inseguridad es el espacio en el que habita una mayoría de las y los jóvenes mexicanos. Primero está la violencia. Las cifras no mienten: las y los jóvenes, hombres y mujeres, de entre 16 y 34 años son los más afectados por los homicidios y las desapariciones. La absurda guerra contra el crimen organizado y la militarización, que por cierto comparte el nuevo Gobierno, han tenido como resultado la criminalización de cientos de miles de jóvenes y la muerte de aquellas y aquellos que debían ser el bono demográfico para que este país fuera más competitivo y con mayores oportunidades.
A la inseguridad, le debemos agregar la incertidumbre laboral. La amplia mayoría de los puestos de trabajo que se generan en México suponen salarios de entre dos y tres salarios mínimos. Incluso, con el acceso a educación profesional, los sueldos en el sector privado para un recién egresado se mueven entre los 4 y los 6 mil pesos. Y no sólo eso, muchos puestos de trabajo son temporales y sin cobertura del seguro social. Así, contar con las prestaciones de ley parece que es un privilegio, cuando debería ser el piso mínimo.
Otra incertidumbre que genera ansiedad es el futuro. Si el puesto de trabajo es mal pagado e informal, ¿qué pasa si mañana tienes una enfermedad? Pues a rascarte con tus propias uñas. Muchas y muchos jóvenes viven al límite y con alto riesgo porque no existe ninguna protección social. Los gobiernos de México se han dedicado a destruir lo público y a decirles a las y los jóvenes que deben sacar seguros privados, pensiones privadas, auto particular, porque el transporte público es pésimo. Hay que decirlo con todas sus letras: el Estado ha abandonado sus principales responsabilidades y, por ello, ha abandonado a su suerte a una mayoría de jóvenes.
La única forma de revertir esta tendencia es reconstruir un Estado capaz de garantizar lo mínimo a la ciudadanía. Debemos, desde sus cenizas, poner en pie un estado social que atienda a quien más lo necesita. Sin embargo, no debemos hacerlo desde la mirada asistencialista o clientelar. No podemos pedir una relación distinta entre las y los ciudadanos y el Gobierno, si seguimos aplicando las fórmulas que dejaron pésimos resultados en el pasado. Nos negamos a aceptar que la única forma de apoyar a la juventud tenga tintes electorales o clientelares.
Nosotros creemos en los derechos. Sí, no creemos ni en las dádivas ni en las “concesiones”. Una izquierda moderna parte del supuesto de que el acceso a la educación y a la salud, gratuitas y de calidad, son derechos fundamentales y no regalitos del Gobierno. Por ello, apoyamos el incremento en el gasto para las y los jóvenes, pero lo haremos siempre supervisando que dicho recurso atienda sus necesidades y no sea un condicionamiento político. México tiene que recuperar a sus jóvenes de las garras de la violencia, la inseguridad, la precariedad y la desocupación. Sin embargo, lo debe hacer viéndolos como sujetos de derechos y no como clientelas electorales.
