Inicio COLUMNAS JALEXIT

JALEXIT

0
Compartir

Por: Héctor Romero González 

Durante el 2016, el entonces primer ministro del Reino Unido, David Cameron, con motivo de una promesa electoral frente al euroescepticismo de muchos integrantes del Partido Conservador – al que pertenecía – convocó a un referéndum, es decir, a una consulta popular para definir la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea.

Este euroescepticismo partía de la idea de supuestas mejores alternativas para asegurar el libre comercio con otros países europeos manteniendo la soberanía, sin embargo, probablemente los motivos de la decisión del electorado que finalmente determinó la salida del Reino Unido, obedecieron más a motivaciones populistas, incluida la xenofobia. Por ello, David Cameron ha sido calificado por algunos como el “hombre que partió Europa”, a pesar de haber sido promotor de la permanencia.

Este es un claro ejemplo de cómo las promesas y estrategias electorales, sin un cálculo adecuado, pueden convertirse en una bola de nieve imparable para los actores políticos como lo fue Cameron.

Algo similar se vaticina en Jalisco, donde el gobernador amenazó con formular una consulta popular para analizar el posible rompimiento del pacto federal, lo que se traduciría en la salida de Jalisco de los Estados Unidos Mexicanos, situación que exacerbó los regionalismos que poco abonan a la construcción de una mejor sociedad.

No obstante, el miércoles pasado el titular del ejecutivo aclaró que sus pretensiones y las del resto de gobernadores integrantes de la Alianza Federalista son solamente reevaluar el sistema nacional de coordinación fiscal, llamado regularmente pacto fiscal, para asegurar un nuevo mecanismo de distribución de los recursos públicos.

Para justificar su descontento por lo que refiere a Jalisco, cuestionó cómo es posible que la entidad represente el 8% del PIB nacional, pero únicamente reciba el 1.7% del Presupuesto Federal vía gasto federalizado.

Aquí, precisamente, radica el problema. No podemos comparar peras con manzanas, ya que a pesar de que Jalisco tenga una alta representatividad en la actividad económica nacional, lo cierto es que tiene una baja representatividad en la recaudación federal participable, es decir, en aquella recaudación que cada entidad federativa representa en los ingresos que recauda la federación con motivo del pacto fiscal. Tampoco podemos pretender evaluar la equidad en la distribución con base en un análisis de la representatividad del presupuesto, sino que lo correcto sería efectuar una comparación con el gasto federalizado que reciben otras entidades.

Realmente Jalisco únicamente representa el 3.26% (cifras más actualizadas a 2018) de la recaudación federal participable, mientras que recibe un porcentaje considerablemente mayor de gasto federalizado, es decir, de las participaciones que son recursos considerados como propios y las transferencias condicionadas que se clasifican como aportaciones e ingresos derivados de convenios.

Esto ocurre ya que un amplio sector económico de este estado lleva a cabo actividades que gozan de privilegios fiscales, como lo es el sector agropecuario, mientras que algunas empresas que realizan actividades en la entidad tienen como sede la Ciudad de México, ante lo cual es ahí donde pagan sus contribuciones, principalmente lo que corresponde al Impuesto al Valor Agregado. En este escenario Jalisco realmente no está mal parado, en contraste con otros que no corren con la misma suerte como sería el caso de Nuevo León, Colima, Tamaulipas o Veracruz, ya que representan un alto porcentaje de la recaudación por su actividad industrial o aduanal y reciben mucho menos a cambio.

Esto refleja que el sistema nacional de coordinación fiscal por supuesto que es perfectible, pero se está utilizando para generar polarización frente a la federación sin un sustento real en algunos de los casos, como Jalisco.

Por ello, sin dudas debe convocarse a una nueva Convención Nacional Hacendaria, dado que la última, celebrada en el 2004 no rindió los frutos esperados, considerando que de los más de trescientos acuerdos logrados, pocos se ejecutaron; de aquellos que ameritaban reformas legislativas ninguno se materializó.

En esta nueva Convención, un aspecto fundamental será la necesidad de evitar la dependencia de las entidades de los recursos de la federación, particularmente de las transferencias condicionadas, incluidas las aportaciones que no tienen un propósito resarcitorio frente a los estados, sino que pretenden disminuir las brechas sociales entre las entidades.

A su vez, será necesario que los estados asuman mayores responsabilidades, en conjunto con los municipios, para elevar su capacidad recaudatoria, con una mejor gestión de sus haciendas y retomando impuestos que han sido omitidos ante su costo político, como el caso de la tenencia.

No podemos sostener un discurso federalista pero ser perezosos en la práctica. Esta necesidad de un nuevo pacto fiscal exige ser tratado como un aspecto técnico, donde se reconozca no solo la necesidad de distribuir los recursos, sino la importancia de ejercerlos con un enfoque social, de desarrollo económico y responsabilidad.

El pacto fiscal no debe ser sujeto de consulta, por lo menos no sin las herramientas adecuadas a disposición del electorado. De lo contrario, la participación ciudadana podría emplearse para minar la gobernanza, por muy paradójico que esto resulte.

@hecromg

Comments

comments