Por: Salvador Cosío Gaona
No importaron las críticas de expertos, ni las advertencias, ni la inconstitucionalidad, ni la renuncia de un Secretario del Gabinete. Nada detuvo a los senadores que juegan para Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la Cámara Alta, y el miércoles le cumplieron un capricho más, este, el de aprobar su iniciativa de reforma a diversas leyes por las que la administración de los puertos del país, hasta ahora a cargo de la civil Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pasará a manos de la Secretaría de Marina, en lo que se ha calificado como una “militarización” del sector.
“Se sale de los límites de la Constitución”, opinaron desde julio pasado, cuando se hizo el anuncio de la reforma propuesta, tanto integrantes de la oposición como expertos.
Cómo se recordará, esa decisión del presidente López Obrador provocó en aquel momento la renuncia de su secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jimenez Espriú.
No se había cumplido todavía ni una semana del sorpresivo anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador y ya las consecuencias se habían esparcido por todo el espectro político como una onda expansiva.
El movimiento, que empoderó a unas Fuerzas Armadas con cada vez más responsabilidades en la actual administración, generó reacciones y acciones en todas las esferas del gobierno. Fue rápidamente señalado como “inconstitucional” por la oposición legislativa y por expertos jurídicos.
“Se le dan a autoridades militares tareas que no les corresponden, que deben ser de autoridad civil. Esto le corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)”, aseguró el abogado por la UNAM Javier Martín Reyes.
“Tan le corresponden a la SCT que acabamos de ver una renuncia en el gabinete, hay que decirlo, muy digna”, añadió.
En su carta de despedida, JIménez Espriú fue inequívoco. “El motivo, que le he expresado personalmente, es mi diferendo por su decisión de política pública de trasladar el ámbito militar de la Secretaría de Marina las funciones eminentes civiles de los puertos, de la marina mercante y de la formación de marinos mercantes, que ha estado a cargo de la SCT desde 1970″, le expresó a López Obrador.
“Han habido muchas decisiones polémicas en la administración, pero hay líneas rojas que no se pueden rebasar. Los argumentos del gobierno son poco convincentes y esto por desgracia se inserta en una tendencia de más largo aliento, donde se ve la paulatina militarización de funciones civiles”, explicó Reyes.
El experto se refirió a las razones por las que López Obrador tomó la decisión de militarizar las aduanas y los puertos del país, de las que el mandatario había indicado hace algunos meses eran un “monstruo de 100 cabezas”. El tabasqueño esgrimió que había un “mal manejo”, lleno de corrupción y contrabando, sobre todo relacionado con narcóticos y crimen organizado.
Habrá que recordar que ya López Obrador había realizado un cambio en la cabeza de la Administración General de Aduanas. Si el sexenio comenzó en 2018 con Ricardo Ahued al frente de la dependencia, la llegada de Horacio Duarte a principios de mayo serviría, en palabras del presidente, para “limpiar las aduanas”.
Pero la administración federal tomó un paso más. Uno que coincide con lo que ha hecho López Obrador durante su gobierno. El experto recordó que las Fuerzas Armadas ya tienen la responsabilidad de la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, una de las obras seminales del sexenio.
Pero, además, el gobierno decretó a mediados de mayo la participación de las mismas Fuerzas Armadas en labores permanentes de apoyo en seguridad pública en el país hasta 2024, es decir, durante el resto de su mandato, activando así el artículo 5 Transitorio que se aprobó durante la creación de la Guardia Nacional.
“Puede haber otras razones”, en cuanto a la decisión de militarizar aduanas y puertos. “Sobre todo de carácter político o de pragmatismo, pero la decisión se sale de los límites de la Constitución”, sentenció.
“En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”, enuncia el artículo 129 de la Constitución mexicana.
“Es muy claro, los militares y marinos no pueden desempeñar ningún tipo de acción que no esté estrechamente vinculada con lo militar”, explicó el abogado de la UNAM y politólogo por el CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas). “La Constitución es muy clara al acotar los supuestos”, finalizó. (Infobae23/07/20).
Entre las nuevas facultades de la Marina estará la regulación de comunicaciones y transportes por agua. Además, la Semar ejercerá la autoridad marítima en la zonas marinas mexicanas, puertos y terminales, así como otorgar los contratos, concesiones y permisos en este ámbito.
También será deber de la Marina administrar los puertos, organizar a la marina mercante y establecer los requisitos que deben cumplir su personal técnico. Además, deberá prevenir la contaminación marina por parte de embarcaciones y el vertimiento de desechos de mar.
El dictamen enviado al Senado también amplía la facultad a la Semar para dirigir la educación naval militar y la educación náutica mercante, además de fijar las normas técnicas del funcionamiento y operación de los servicios públicos de comunicaciones y transportes por agua, así como las tarifas para el cobro respectivo.
Las reformas fueron aprobadas a pesar de las protestas que hace un par de semanas llevaron a cabo integrantes de la Marina Mercante, que habían mostrado su “preocupación y rechazo» por las “nefastas consecuencias que para el comercio marítimo traerían la aprobación» del dictamen.
Ahora, sólo basta la firma del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el principal promotor de la reforma, y su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El decreto entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales siguientes al de su publicación en el DOF.
Está pues, cumplido en tiempo y forma, un capricho más de López, que sigue empoderando a las Fuerzas Armadas con fines no muy transparentes.
@salvadorcosio1
