La asociación Conciencia Cívica Jalisciense, en conjunto con el Parlamento de Colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara, la Fundación Cuenca Lerma-Chapala-Santiago, colonos de Rancho Contento y otros organismos y líderes activistas, reafirmaron su posicionamiento respecto al estado legal que guarda el desarrollo habitacional Villa Panamericana. Ratificaron que dicho inmueble permanece clausurado y nada se puede hacer en tanto prevalezcan abiertos los diversos procesos jurídicos que lo mantienen inmovilizado, por lo que la propuesta del alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, de ofrecerlo para ser sede del Conacyt, es solo una ocurrencia que en este momento carece de toda viabilidad.
En rueda de prensa, el presidente de Conciencia Cívica, Salvador Cosío Gaona, detalló que existen dos juicios administrativos ante el Tribunal Administrativo del Estado, un juicio mercantil, un amparo federal y dos averiguaciones previas; una en la Fiscalía General del Estado y otra en Procuraduría General de la República, que mantienen a dicho inmueble asegurado y con una suspensión definitiva de cualquier permiso y de cualquier acción inmobiliaria.
Enfatizó que si bien, ellos (los activistas) no califican ni descalifican la propuesta del alcalde de Zapopan sí es preciso esperar que los juicios se resuelvan.
“El presidente municipal de Zapopan seguramente desconoce o al conocerlo trata de evadir o simplemente quiere dejar sentir que no existe este asunto legal pendiente, este cúmulo de asuntos pendientes y pretende sorprender al gobierno federal. Es importante que el gobierno federal antes de que acepte este planteamiento primero revise el estado legal de las cosas antes de seguir comprometiendo el presupuesto federal y seguir haciendo más engorroso el tema local, el tema hay que resolverlo, pero en el ámbito de la legalidad, la justicia y de las autoridades federales y locales que lo están llevando”, manifestó Cosío Gaona.
El presidente de Conciencia Cívica, puntualizó que nada se puede hacer mientras existan los juicios pendientes, al tiempo que adelantó seguirá pugnando para que se resuelvan los procesos pendientes y que se vaya a fondo en las indagatorias, “insistiremos en que las instancias penales integren y manden a los juzgados penales tanto federal como local las averiguaciones criminales y que se recupere lo recuperable del dinero del estado y de los trabajadores, y que por ningún motivo se le quiera o se le pueda dar ni un cinco a esos vaquetones que hicieron ese negocio, esa transa que es una vergüenza para la sociedad y es un monumento a la corrupción y a la impunidad”.
Por su parte, el presidente del Parlamento de Colonias, Alejandro Cárdenas, recordó que la batalla jurídica en contra de la Villa Panamericana se originó ante al impacto negativo en materia ambiental que le significó esta edificación a la zona de El Bajío, considerada de alta recarga hidrológica. Subrayó que se busca proteger al bosque de La Primavera y de igual forma a la zona que abastece de agua a prácticamente todo el poniente de Guadalajara y al 50 por ciento de Zapopan.
Esa es la base, dijo, de los juicios que tienen interpuestos para la nulidad de las licencias, “no estamos en contra de que si construyen o no construyen edificios, ese lugar no es apto para la construcción de edificios, no es apto para la urbanización, no es apto para que se desarrolle urbanamente, se debe de mantener por cuestión estratégica para la zona metropolitana de Guadalajara y para Zapopan principalmente. Zapopan no tiene una sola fuente de abastecimiento de agua superficial”.
Concluyó que la otra parte de los juicios se refiere a las denuncias en contra del desvío de recursos que hicieron diversas dependencias como el entonces denominado INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE JALISCO y la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo, al haberse entregado dinero público para apoyar vivienda de lujo y también recursos cuantiosos a fondo perdido a un negocio privado.
En la conferencia de prensa también estuvieron presentes el presidente de la Fundación de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago, Manuel Villagómez, y Sergio Peraza Segovia de colonos de Rancho Contento, así como el coordinador jurídico del caso Villa Panamericana, Carlos Aldana.
