Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidaron el decreto 204 por el que se reformó el Artículo Quinto de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, por falta de consulta previa a pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes.
El decreto citado reconocía los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas a la protección y promoción de su patrimonio cultural, a elegir conforme a sus normas a las autoridades que los representan para el ejercicio de sus formas de gobierno, así como el derecho de acceso a cargos públicos y de elección popular.
Los pueblos, comunidades indígenas y afrodescendientes tienen derecho a ser consultados de manera previa, informada, culturalmente adecuada, de buena fe y a través de sus representantes o autoridades tradicionales cuando las autoridades legislativas pretendan emitir una norma o adoptar una acción susceptible de afectar directamente sus derechos e intereses.
Ello, por disposición expresa del Artículo Sexto del Convenio 169 de la OIT y derivado de una interpretación del Artículo Segundo constitucional.
En este caso, al no haberse llevado a cabo consulta alguna, el decreto impugnado resulta inconstitucional.
La acción de inconstitucionalidad 116/2019 y su acumulada 117/2019, fueron promovidas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), demandando la invalidez del Artículo Quinto de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad de 19 de septiembre de 2019, mediante Decreto 204.
