Por: Verónica Juárez Piña
En memoria de Sergio García Ramírez, docente e investigador destacado, quien hizo grandes aportaciones a la teoría del derecho y el Estado y gran defensor de los derechos humanos y de la democracia.
Según datos oficiales proporcionados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, 752 menores de 18 años fueron asesinados durante 2023, lo que significa que más de una niña o niño fue víctima mortal de la violencia cada día en el año que recién terminó.
En nuestro país, la violencia criminal ha hecho escarnio con la infancia y la adolescencia y hemos sido testigos de cómo las autoridades han criminalizado y revictimizado a los jóvenes, en particular el Presidente de la República. Ahora vemos que la infancia se suma a la lista de víctimas mortales, sin ninguna respuesta por parte del Estado.
Frente a esta ola de violencia, el Gobierno Federal debe fortalecer el Sistema Nacional de Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes, amenazado con
la desaparición debido a una iniciativa del Presidente López Obrador, presentada el 18 de abril del año pasado, so pretexto de generar una simplificación administrativa.
Asimismo, se debe dotar de todo lo necesario al Sistema Nacional de Justicia para Adolescentes a fin de implementar las medidas de reintegración indispensables para quienes hayan sufrido el reclutamiento forzado por parte de la delincuencia.
Estas niñas y niños han sufrido una violencia extrema, que puede incluir la violencia sexual entre otras, y deben contar con tratamientos integrales que les permitan el desarrollo que, como personas en crecimiento, les garantiza el artículo 18 constitucional.
La violencia cotidiana y aquella generada por la delincuencia organizada en contra de la infancia se ha visto exacerbada por la falta de recursos presupuestales y el desinterés institucional del obradorismo para generar las condiciones óptimas para su desarrollo.
Es por ello que resulta urgente que las autoridades federales reaccionen de manera contundente y responsable para evitar un daño generacional más grave que el que ya ha sido causado.
Es imprescindible que, en este contexto, convoquemos a un frente amplio, junto con las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado en defensa de los derechos de la infancia, a lo cual nos encontramos obligadas y obligados por nuestra Constitución y los Tratados internacionales de los que México forma parte.
Resulta sumamente importante señalar que, con Xóchitl Gálvez, y desde Imaginemos México, elaboraremos el programa de gobierno que atienda las necesidades de la niñez y adolescencia, colocándolas como una de las prioridades nacionales, con el objeto de generar, en su momento, políticas eficaces en la materia.
Ello, a diferencia del actual gobierno y de Sheinbaum que insisten en seguir con la actual política de seguridad militarizada que está matando también a las infancias y adolescencias mexicanas.
