Por: Verónica Juárez Piña
La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados organizó el Foro de Parlamento Abierto: “Hacia la prohibición de los castigos corporales y humillantes”, con el objetivo de coadyuvar a garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a vivir una vida libre de toda forma de violencia; y a que se resguarde su integridad personal, todo ello con el fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad.
Es importante señalar que el castigo corporal aplicado por los padres, madres y otros miembros de la familia para corregir y disciplinar a las niñas, los niños y los adolescentes es una práctica extendida en el mundo y que tiene como consecuencia el daño físico y psicológico para la niña o niño que lo sufre.
Cabe recordar que tal como se constata en el Estudio Mundial sobre Violencia, la familia y el hogar puede convertirse en uno de los lugares más peligrosos para las niñas, los niños y los adolescentes, como hemos podido constatar durante el confinamiento provocado por la pandemia en este último año, por lo que esta es una de las circunstancias que plantea los más serios desafíos en la lucha por la erradicación de las formas de violencia ejercidas en contra de este sector poblacional.
Diversos son los instrumentos nacionales e internacionales que amparan los derechos de la niñez y adolescencia. La Convención sobre los Derechos del Niño, como tratado internacional que reconoce los derechos humanos de quienes tienen menos de 18 años y que forma parte de nuestro marco jurídico, nos obliga, como Estado, a su cumplimiento.
En México, que ratificó la Convención en 1990, hemos venido realizando importantes esfuerzos para asegurar su aplicación y generar condiciones óptimas de desarrollo y bienestar para cada niña, niño y adolescente.
Justo el jueves 19 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó la prohibición del maltrato prácticamente en los mismos artículos de los mismos ordenamientos que la minuta enviada por la Cámara de Senadores en el mes de septiembre y que define con mayor amplitud lo que se considera como castigo corporal.
Es menester recordar que la Convención señala que la violencia en contra de niñas, niños y adolescentes es una seria violación a sus derechos, incluyendo su derecho a una vida libre de violencia.
Si bien el tema de los derechos de los niños y niñas ha adquirido amplia relevancia y consenso internacional, muchas de las prácticas que atienden a aspectos culturalmente aceptados no se han erradicado y muchas de ellas se aprecian por la sociedad como prácticas necesarias e inclusive justificadas para dar cabida a valorescomo la educación o la formación de un menor de edad.
Este es el caso de los castigos corporales que, durante muchos años, han constituido medios indispensables para la formación y disciplina que un padre debe dar a sus hijos y como parte del modelo educativo institucional o en su caso correctivo.
Durante años, las niñas, niños y adolescentes han sido víctimas de castigos como medida disciplinaria correctiva dentro del hogar, en las escuelas o cualquier otra institución, en muchos casos esta medida fue de carácter corporal, ya sea mediante una nalgada, bofetada o inclusive el famoso cinturonazo, la falta de alimento u otras prácticas más severas.
Frente a ello, y siendo que la mayoría de las personas han pasado por dicha experiencia, es que se percibe como práctica tolerada o aceptada en nuestra sociedad. Esta es la causa de que pocas veces nos cuestionemos el verdadero significado detrás de dichas prácticas o agresiones y cómo éstas impactan en una cultura de violencia sembrada desde la infancia, contraria a la dignidad humana y que se refleja en nuestra muy violenta sociedad.
Es por ello que, en el Grupo Parlamentario del PRD, históricamente hemos pugnado, de mano de las organizaciones de la sociedad civil, para garantizar a las niñas, niños y adolescentes, todos los derechos de la infancia, principalmente el que tienen para vivir una vida libre de todo tipo de violencia.
