Impunidad vs Gobernanza
Por: Alberto Fernando Velasco Vera
El grave problema de la impunidad en México, trae como consecuencia corrupción, inseguridad y violencia. En el año 2015, el Índice Global de Impunidad ubicaba a nuestro país en el nada honroso segundo lugar de 59 países, más impunes solo por debajo de Filipinas; hoy en día seguimos al menos sin variación, si no es que ya estamos en el primer lugar.
La impunidad es un problema de gobernanza. En otras palabras, es un asunto que ya rebasó a todas las instancias de gobierno que claramente no pueden atender este problema de manera aislada. Por lo anterior, se necesita la atención y participación urgente de otros actores no gubernamentales como la sociedad civil, sector privado, academia, medios de comunicación y organizaciones internacionales.
La impunidad es un fenómeno que afecta todas las áreas de la vida social, la dinámica institucional e incluso del desarrollo económico del país. En el ámbito gubernamental se ven involucrados todos los poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), así mismo todos los niveles de Gobierno (Federal, Estatal y Municipal), sin embargo, quien padece las consecuencias de ello, es la misma sociedad en general, sobre todo los grupos marginados.
Esta misma impunidad ha llevado a perder la confianza del ciudadano en las instituciones de gobierno, debido a los continuos fallos y vicios en el sistema de impartición de justicia, donde la impunidad queda de manifiesto y prueba de ello es que en el país, solo se denuncian 7 de 100 delitos, siendo las principales causas: la pérdida de tiempo y la desconfianza en la autoridad (según el IGI-México 2016).
Sin embargo, no todo queda en este rubro de la impunidad; la inseguridad, corrupción y violencia, han propiciado que en México el Estado de Derecho esté cediendo a una nueva cultura de entender que lo que acontece en nuestra sociedad es normal, y no debe ser así. Aunado a ello, la incapacidad, la falta de preparación, el resistirse a los cambios por parte de quienes laboran en el sistema público y de gobierno, no contribuyen a mejorar las condiciones sino a empeorarlas.
La reputación de nuestro país no es para nada bien vista por la comunidad internacional. México es uno de los países con más de 200 convenios internacionales suscritos en materia de derechos humanos, por lo que resulta contradictorio que sea también un país donde los derechos humanos, pareciera, no son una prioridad. Las recomendaciones emitidas por organismos internacionales en derechos humanos no son tomadas en cuenta; así como las políticas de protección a periodistas, que no sé si sean políticas o solo discurso político para salir del paso y que no han visto impacto favorable en la sociedad, ni en el ejercicio de la profesión de informar y comunicar.
México es uno de los países donde el periodismo es una de las actividades más riesgosas, donde las amenazas y muertes son una constante y quedan de manera impune y sin seguimiento de la autoridad, sin culpables que estén en prisión, dando a entender que todo es parte de una colusión entre el crimen organizado y el gobierno.
Definitivamente no solo nos pronunciamos en repudio a los atentados contra periodistas, sino también por todos los sectores de la población que se han visto afectados por delitos, secuestros, extorsiones, etcétera.
Se necesita restituir el Estado de Derecho; donde nadie esté por encima la ley, donde la ley se aplique con rigor ante quien cometa un delito que se tenga que sancionar, sea quien sea; donde se garanticen todos los derechos y garantías que nuestra constitución nos confiere como ciudadanos, tarea del propio gobierno; y que la administración pública sea vigilada con lupa, en todos los niveles de gobierno.
No son discursos lo que se necesita, son acciones y voluntad política por querer hacer bien las cosas, se necesitan acciones donde la ley se cumpla, se ejerza y se sancione sin excepción alguna; en la medida que se ataque la impunidad, la corrupción, la inseguridad y la violencia irán cediendo terreno.
