En un revelador informe durante la conferencia matutina conocida como “Las mañaneras del pueblo”, el Gobierno de México expuso un alarmante panorama sobre el fraude masivo perpetrado contra los derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló que, desde 2012, una estrategia que involucró a despachos legales permitió la interposición de juicios masivos que afectaron a 373 mil acreditados, resultando en la pérdida de vivienda para 249 mil familias.
Durante su intervención, Sheinbaum enfatizó el compromiso del gobierno por perseguir a los responsables de estos fraudes que se gestaron en administraciones anteriores. “Se siguen presentando denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) para identificar a quienes defraudaron a los trabajadores del Infonavit”, declaró, subrayando la necesidad de justicia para las víctimas de este esquema.
El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, proporcionó detalles inquietantes sobre el modus operandi de los despachos involucrados. Según sus declaraciones, muchos de los derechohabientes no fueron notificados de los juicios, mientras que otros fueron demandados en estados donde no residían. De los 373 mil afectados, un asombroso 80% (302 mil) fueron demandados fuera de sus entidades de origen, lo que pone de manifiesto la falta de protección y defensa por parte del Infonavit.
Romero Oropeza también reveló que el Infonavit desembolsó más de 29 mil millones de pesos a estos despachos legales en un período de ocho años, cifra que supera el presupuesto destinado a programas de bienestar social. “Esto es grave. La oficina de uno de estos despachos en Veracruz está en venta y los expedientes están abandonados”, agregó, mostrando un video que documenta la situación.
A pesar de que en la actual administración se han tomado medidas para detener los juicios masivos, se han identificado intentos recientes de simulación de estos procesos que amenazaban a 63 mil derechohabientes. Gracias a la intervención del gobierno, este esquema fue detenido antes de que causara más daño.
En respuesta a la crisis habitacional, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, anunció avances en el Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar, que busca construir vivienda social en todo el país. Con 318 predios de reserva territorial y un plan para edificar más de 50 mil viviendas para 2025, el gobierno se compromete a proporcionar soluciones habitacionales a la población.
El panorama es desolador para muchos, pero el gobierno mexicano ha reafirmado su compromiso de resarcir el daño causado y continuar con las denuncias penales contra los responsables de estos fraudes. La lucha por la justicia y la recuperación de los hogares perdidos apenas comienza, mientras que miles de familias aún esperan la promesa de un hogar seguro y digno.
