Los fiscales generales de 21 estados de Estados Unidos exigieron al presidente Donald Trump terminar con la política de separar a hijos de los padres que cruzan la frontera sin documentos, por considerarla cruel y porque socava la seguridad pública del país.
En una misiva conjunta, los fiscales afirmaron además que estas tácticas son ilegales y que perjudican a los menores. Pidieron por ello al procurador general Jeff Sessions que ponga fin a esta política contra familias que buscan legalmente asilo en Estados Unidos.
La petición sucede luego de que más de dos mil niños, de los que al menos un centenar son de cuatro años de edad o menores, hayan sido detenido en celdas separadas a las de sus padres, lo que de acuerdo con grupos civiles constituye una tortura que puede causar daños de largo plazo a los niños.
“La administración de Trump está alejando a los niños de sus padres solo para promover una agenda política draconiana. Esto no solo es inhumano y totalmente inconcebible, sino que también socava nuestra seguridad pública”, dijo Barbara Underwood, fiscal general de Nueva York.
Añadió: “esto no es lo que somos como país, y nuestra coalición de fiscales generales continuará actuando para proteger a las personas a las que servimos y el estado de derecho”.
En la carta, los fiscales generales consideraron que la separación deliberada de los niños y sus padres que buscan asilo legal en Estados Unidos es contraria a los valores estadunidenses y debe ser detenida.
“Exigimos que revoque de inmediato estas políticas perjudiciales en aras del mejor interés de los niños y las familias afectadas”, exigieron los fiscales.
Precisaron que estas prácticas interfieren directamente con los esfuerzos de las fiscalías y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a nivel local, nacional e internacional, para prevenir y procesar el delito.
En la mayoría de los estados, los fiscales generales son responsables de hacer cumplir las leyes que incluyen el tráfico de personas, el tráfico de drogas y los delitos de violencia de pandillas, lo que requiere colaboración a través de las fronteras estatales e internacionales.
La carta fue firmada por los fiscales generales de Nuevo México, Nueva York, California, Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Hawai, Illinois, Oregon, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington.
