Por: Fernando Garza Martínez
Si bien es cierto que la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, efectuada por integrantes de la Secretaría de Marina Armada de México en Los Mochis, Sinaloa, pone fin a uno de los episodios más bochornosos de las instituciones de seguridad del país y para la política oficial en materia de vigilancia y combate a la delincuencia organizada, ahora su posible extradición a Estados Unidos pone en jaque al sistema judicial y surgen dudas sobre la incapacidad de las autoridades nacionales para juzgarlo, justo donde cometió sus crímenes.
No resulta sencillo concebir que uno de los líderes delictivos más buscados por los gobiernos de México y Estados Unidos haya podido escapar de la prisión más vigilada del país, si no es como consecuencia de una pérdida de control gubernamental en el penal de El Altiplano y sus alrededores, entonces menos incomprensible resulta ahora que un juez federal dé luz verde para extraditar al Chapo, claro, con la anuencia del gobierno, a través de la PGR y de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
La inoperancia de las instituciones nacionales, que quedó de manifiesto con la fuga del capo, vuelve a cobrar relevancia en el momento presente, cuando diversos sectores del oficialismo e incluso de partidos de oposición, hacen eco a la pretensión estadunidense de que el dirigente del cártel de Sinaloa sea extraditado cuanto antes al vecino país.
Ello plantea una disyuntiva complicada para el gobierno federal: reconocer la incapacidad de las instituciones nacionales de seguridad y justicia para custodiar a uno de los criminales más buscados del mundo y supeditarse una vez más a los deseos de Washington, sin embargo, la inminente extradición de Guzmán Loera dejaría sin justicia local todos los atropellos que cometió prácticamente en todo el país y con un mal sabor de boca a todas sus víctimas y familiares de éstos.
Por ello, es necesario que el Chapo Guzmán purgue aquí su condena, no solo para ver fortalecidas las instituciones de seguridad y justicia, sino para que sus crímenes queden saldados en el territorio donde lamentablemente los ejecutó y que por consecuencia, sus víctimas puedan saciar su sed de justicia.
