Por: Rodolfo Chávez Calderón
Corrían los días del año 1983, si no mal me acuerdo, recién había comenzado la administración del gobierno de Jalisco a cargo de Enrique Álvarez del Castillo, (QEPD), aunque yo escribía en El Occidental, apenas unos días antes estalló la huelga en ese que había sido un gran periódico. Ante las circunstancias, el edificio se cerró y teníamos que sumarnos a las guardias de huelga afuera de la imponente finca de la Calzada Independencia.
Yo había ingresado a El Occidental apenas seis meses antes, y era de las personas que “no existían” para quienes estaban en la cúpula del Sindicato. Así es que cuando recibí la llamada telefónica de mi compañero reportero Francisco González Sanabria, (QEPD), invitándome a hacer el periódico en la oficina del notario público Antonio Jaime Sandoval (QEPD), allá por la calle Juan Manuel, no dudé en reincorporarme a hacer el trabajo, a pesar de las críticas, señalamientos y demás.
La rutina de pizca de información siguió y fue uno de esos días, que al acudir a la entonces Procuraduría (Calzada Independencia y Sierra Nevada), comenzaba a subir las escaleras de acceso a la puerta principal cuando advertí que delante de mí caminaba uno de los agentes del Ministerio Público de Homicidios. Se me ocurrió, luego de saludarlo, cuestionarlo de manera directa: “lic, buenos días… me comentaron por ahí que tiene un caso muy importante, muy grave”… El agente del Ministerio Público se detuvo brevemente y pálido me respondió: “por favor, no apuntes, memoriza: expediente XXXXXX y juzgado X”… las equis suplen las cifras que ya he olvidado. Todavía le pregunté: ¿qué caso es?… “El del alcalde que mandó matar a uno de sus regidores”.
De inmediato me comuniqué con un compañero que habitualmente acudía a los juzgados penales, que ya estaban en Puente Grande, por lo que sólo le di el número de expediente y del juzgado, además de recomendarle que se dirigiera al juez Luis Arturo Díaz Cedeño (QEPD), para que le facilitara el acceso a la información requerida.
Dos horas después, el compañero aquél, Conrado Vázquez, me llamó para informarme que el asunto había sido remitido al Supremo Tribunal y que debíamos acudir pronto, porque el expediente se iba a turnar al juzgado competente de Puerto Vallarta, ya que el crimen se había cometido en Tomatlán.
Nos trasladamos los dos al Supremo Tribunal, con la incertidumbre respecto a si nos darían acceso al expediente, pero cuando llegamos a la oficina judicial del Palacio de Justicia, en Hidalgo y Degollado, pleno corazón de Guadalajara, entramos a la sala correspondiente, pedimos que nos permitieran el expediente y la respuesta de una secretaria adulto mayor fue, para nosotros, impresionante: “se sientan ahí, cuando terminen me lo regresan”. Al cabo de media hora ya conocíamos la trama y entendíamos por qué ese expediente estaba condenado a irse al archivo.
Simplemente, el alcalde Amado Galindo Plazola, recién instalado en la presidencia municipal, pretendía realizar un proyecto para él muy importante, pero se topó con un regidor, del cual no recuerdo el nombre, quien presentó férrea oposición a tal proyecto, por lo que alguien afectado, determinó que había que ultimarlo. Las investigaciones de la Procuraduría llevaron a dejar en claro que Amado Galindo había ordenado la muerte del regidor.
Ya en la redacción improvisada del periódico El Occidental, comenté con mi jefe de información, quien respondió de manera inverosímil: “¿no te parece vacuo eso?”. Convencido de que aquello no prosperaría, me dirigí al jefe de redacción José Luis Topete Borrayo “QEPD”, quien leyó la nota, puesto que la llevaba escrita en “cuartilla” (papel para periódico, creo que le llamaban revolución), y se mostró jubiloso, “Es la de ocho” (la nota principal para el día siguiente)… En dos o tres días más el caso había crecido tanto, que los diarios y medios de información que habían permanecido callados, asumieron el caso, terminaron su “luna de miel” con el nuevo gobierno estatal y el caso llegó al Congreso, donde el alcalde de Tomatlán fue desaforado y puesto a disposición de las autoridades judiciales para poder someterlo a juicio.
Por eso diríamos que no siempre las ocurrencias son malas, en este caso fue el inicio de una investigación periodística que anuló la oposición impuesta por el maridaje «que había entonces» entre autoridades y algunos comunicadores. Por algo siempre opiné que el principal enemigo del reportero estaba en la redacción.
