Con 89 votos a favor y uno en contra, el Senado de la República aprobó este jueves una reforma para endurecer las penas contra la portación ilegal de armas.
Fernando Yunes, presidente de la Comisión de Justicia, informó que las principales aportaciones de la reforma es convertir en delitos graves la portación de armas de uso exclusivo del Ejército y la posesión de cartuchos de alto calibre.
La minuta fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis.
Antes de la votación, el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Luis Preciado, presentó sin éxito una reserva al dictamen.
El legislador propuso una adición para que se permita la portación de armas permanente a los miembros de las Fuerzas Armadas y policías federales, estatales y municipales, aún cuando estén fuera de sus horas de servicio.
Según el legislador, la intención es proteger la seguridad de los militares, marinos y policías.
Desde la tribuna, Preciado aseguró que en los últimos 16 años 718 elementos de las fuerzas armadas y casi 3 mil policías han perdido la vida.
Sin embargo, sostuvo que la mayoría no han muerto en acción, sino cuando se encontraban fuera de servicio.
La decisión de aprobar la reforma fue celebrada en una reunión con la Junta de Coordinación Política por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.
Mancera acudió a la Cámara alta en calidad de presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Conago.
La reforma está basada en una iniciativa presentada por senadores del PRI, PAN y PRD desde marzo de este año.
La propuesta incluye un castigo de hasta 30 años de cárcel por el ingreso ilegal de artefactos al País.
Según el dictamen, se pretenden reclasificar las figuras penales, incrementar las sanciones corporales y económicas por la portación, posesión, almacenamiento, compraventa, tráfico, transportación, uso y destino de armas de fuego, explosivos y accesorios de manera ilegal.
Los senadores reconocieron que marco legal vigente es laxo, por lo que pone en riesgo la vida, el patrimonio y la seguridad nacional, ya que contempla sanciones menores y provoca la integración discrecional de averiguaciones previas y carpetas de investigación.
«Tenemos delincuentes que portan, poseen, trafican, transportan, venden y compran armas de fuego, explosivos y accesorios que se encuentran en libertad bajo caución, ante la falta de sanciones», exponen en el proyecto.
Con la reforma se propone castigar con una pena de entre 7 y 15 años de cárcel la portación, fabricación, importación o acopio de instrumentos que pueden ser utilizados para agredir.
Esa misma sanción aplicará para la portación ilegal de armas, dependiendo del calibre.
El acopio podría castigarse con entre 5 y 10 años de prisión, pero se incrementará hasta 15 años en función del tipo de armamento.
Los senadores establecieron hasta 30 años de cárcel al que introduzca armas de fuego de manera clandestina en territorio nacional.
También plantearon derogar un apartado en el que se establecía la aplicación de sólo una multa al extranjero que incurriera en esa falta por primera ocasión.
Reunido con la Junta de Coordinación, Mancera aseguró que con las nuevas disposiciones no sólo se beneficiará a la Ciudad, sino también al resto de las entidades federativas.
«A ninguna sociedad le conviene tener a personas armadas ilegalmente en su convivencia. Es clara la relación que existe con el incremento de la violencia y sus consecuencias fatales», dijo.
