Posicionamiento del Comité de Participación Social ante
nombramientos del Congreso en la Sala Superior del Tribunal de Justica Administrativa y en el Poder Judicial
Cuando desde el Congreso se programó empalmar dos convocatorias diferentes para elegir a tres magistrados, uno para la Sala Superior del Tribunal de Justica Administrativa y otros dos para el Poder Judicial, desde el Comité de Participación Social advertimos públicamente que dicho evento podría manchar la legitimidad necesaria con la que se deberían desahogar ambas decisiones. En dicho comunicado incluso advertimos que las fracciones del Congreso habían soslayado la recomendación que desde junio hizo el Comité Coordinador del propio Sistema Anticorrupción, en el sentido de reformar el procedimiento de selección para facilitar los consensos y evitar que el procedimiento se volviera a trabar, como ya había ocurrido previamente en dos ocasiones.
El caso omiso a la citada recomendación –que no mereció siquiera un memo por respuesta—y el empalme de las convocatorias nos hizo suponer entonces lo que ahora hemos constatado. Ante el predecible desenlace, no cabrá en nosotros el desánimo, sino la propuesta y la exigencia, por lo que en esta ocasión convocamos a la redacción de una ley de designaciones públicas en Jalisco que limite los excesos en la discrecionalidad de nuestros representantes, que trabe la captura sistemática de los cargos públicos (primer eslabón de la corrupción), que establezca criterios de mérito como mínimo indispensable, que frustre los saltos entre poderes que dan pie a potencial o real conflicto de interés y que otorgue garantías a quien aspire a un alto cargo, uno que no será evaluado de acuerdo con la cercanía al poder sino por la profundidad y probidad de su trayectoria profesional. La cadena de capturas que alimenta la corrupción: puestos, presupuestos, decisiones y finalmente justicia (Red de Rendición de Cuentas, 2018) inicia cuando los cargos públicos son la llave maestra de la impunidad.
En este sentido, el CPS mantendrá el estricto seguimiento al funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, no sólo por el mandato legal que así lo indica, sino por las exigencias de su implementación y las dificultades que supone enfrentar, en muchas ocasiones, al poder y los recursos que utiliza para cubrir hechos de corrupción y eludir sanciones. Este compromiso justo se puede observar en nuestro acuerdo del 18 de agosto de 2018 en el que solicitamos, a diversas instancias, investigar un eventual conflicto de intereses en el nombramiento de una funcionaria del Tribunal de Justicia Administrativa. Mantendremos el seguimiento a este tema y haremos público el avance de las investigaciones.
Ante estos eventos no son pocas las voces que se preguntan cuál es la importancia de continuar participando cuando algunas autoridades son proclives a soslayar la opinión técnica que formulamos. Creemos, sin embargo, que es precisamente cuando se terminan imponiendo los intereses de facción sobre los del bien común, cuando más importante es la presencia de voces que insistan sobre el mérito y la transparencia en estos procesos. De tal manera que no esperen que nos rindamos ahora, una vez que hemos superado convocatorias premeditadamente atropelladas y con plazos exiguos, como aquellas con las que nos recibieron en noviembre; no esperen que nos demos por vencidos ahora que hemos superado interesados bloqueos presupuestales, no esperen que nos quedemos quietos y callados cuando hay tanto que hacer en la lucha contra la corrupción y la promoción de la integridad. En suma, el Sistema Estatal Anticorrupción continuará avanzando de la mano de las instituciones académicas, organizaciones empresariales y colectivos civiles que siempre nos respaldaron. Juntos hemos logrado mucho, juntos vamos por más.
