Por: Juan Carlos Hernández Ascencio
En México se ha venido de menor a mayor perfección en busca de eficientar cada vez más las etapas que se realizan para cada elección que se requiere y que, pese a que ahora se tienen las garantías de transparencia y total legalidad, los organismos electorales están atentos ya desde ahora para registrar los acontecimientos ordinarios de los partidos políticos.
En la primera semana de septiembre comienza ya la organización del proceso electoral 2023-2024, para la renovación de alcaldías, diputaciones, senadurías y presidente de la república, llamado a ser el más grande en la historia comicial de México no sólo por su alcance y cobertura, sino por la concurrencia entre las elecciones federales y locales, en total se contempla la oferta para sustituir a más de 20 mil cargos de elección popular, se instalarán 170 mil mesas directivas de casillas y se requerirán 1.5 millones de funcionarios, en un estimado de un Padrón Electoral de 98.6 millones de ciudadanas y ciudadanos, que podrán acudir a votar el 2 de junio del próximo año.
El Sistema Nacional Electoral se define en su conjunto como los mecanismos de coordinación y comunicación interinstitucionales; las líneas de acción para la preparación y atención de las actividades a desarrollar coordinadamente, y la ejecución y seguimiento de las acciones vinculantes en la organización del Proceso Electoral Federal 2023-2024 y concurrentes que se relacionan en el INE con los Organismos Públicos Locales (Institutos Estatales Electorales).
Para ello, el Instituto Nacional Electoral ha delineado un Plan Integral para el Proceso Electoral Federal 2023-2024, que considere todas las mejoras posibles y garantice el desarrollo de actividades con mayor eficiencia en el cumplimiento de sus atribuciones.
Es un gran reto, pero hay elementos, conocimiento y experiencias desde el 2014 con el Sistema Nacional Electoral y con pleno respeto al federalismo, con ello se puede realizar una elección con altos niveles de calidad.
Las instituciones electorales deben seguir el ejemplo de siempre y que significa el compromiso de calidad en una democracia que sirva a la ciudadanía en aras de dar buenos resultados, en la inteligencia de preservar el orden social y la mayor estabilidad política del país. Por ello hace más de tres décadas se han celebrado elecciones pacíficas y creíbles. No hay de otra ¿o si?
Las reglas del juego claras están descritas en el marco de la legislación vigente, ahora que el llamado Plan B no pasó, es así como las condiciones están dadas para realizar un trabajo de la mano con la ciudadanía (principal valor de una elección) y sea una organización del proceso electoral impecable; solo queda esperar que las y los contendientes estén al nivel de la expectativa de los electores, justo es ahí donde se motiva o desmotiva la participación electoral.
Otra vez, recae la posibilidad de mantener a las instituciones que son ancla de estabilidad política de México: El INE y los tribunales electorales. Debemos de confiar en el Estado de Derecho y los órganos de justicia. Ser vigilantes y luego activos participantes. Es un deber de todos: partidos políticos, candidatos, instituciones electorales y el invitado principal, el ciudadano, este que cada vez más se interesa por la cosa pública. ¡Que no llegue el rumor de la discordia, antes bien que venga la concordia!
