Por: Luis Arturo Jiménez Castillo
Pdte. Colegio de Abogados “Juárez S. XXI”
En 1998, los pasivos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), se convirtieron de facto en deuda pública –sin decreto del Congreso de la Unión, único facultado para reconocer y mandar pagar la deuda nacional, conforme al artículo 73 Constitucional-.
Esta maniobra política -jurídicamente afectada de nulidad absoluta-, se efectuó vía la suscripción de los títulos de crédito conocidos como “Pagarés Fobaproa”, por parte del Banco de México y en favor de los bancos privados, en donde el “gobierno federal” –vocablo popular pero figura jurídicamente inexistente-, se obligó como aval del Banco de México. La consecuencia fue que al vencimiento de los pagarés -ahora “Bonos IPAB”– y ante la imposibilidad del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario -que sustituyó al Fobaproa- de pagar por carecer de recursos, quienes hemos pagado somos todos los contribuyentes –y los que ahora son niños o adolescentes, también pagarán-.
En efecto, hasta diciembre de 2021 los pasivos del IPAB llegaron a un billón 40 mil 507 millones de pesos –un incremento de 27 mil 32 millones con respecto al mismo mes de 2020- y únicamente por concepto de intereses y costos de administración, hemos pagado un billón 547 mil 736 millones de pesos. ¿De cuánto dinero estamos hablando? El desaparecido Carl Sagan, en su libro “Miles de millones”, explica que un billón significa un millón de millones, y quesi contáramos desde cero hasta esta cifra a la velocidad de un número por segundo sin detenernos jamás, tardaríamos 32,000 años en terminar. Quiere decir que si en lugar de contar, pusiéramos un peso por segundo tardaríamos 32,000 años en reunir el billón de pesos… y aun así no habríamos cubierto el costo del adeudo –y no se está considerando ni la inflación ni el incremento de los intereses-. Así de grave es el tema.
Ahora, en aquel tiempo el dinero depositado en los bancos en realidad se encontraba respaldado con papel gubernamental, y se benefició únicamente al 0.3% de los ahorradores, es decir: el 99.97% no fueron «rescatados» por el Fobaproa. Ese 0.3% concentraba casi el 57% del dinero depositado en todas las cuentas bancarias, con un saldo promedio por cuenta de más de 7 millones de pesos -9 de cada 10 cuentas tenían un saldo menor a los 10 mil pesos-. Salvar de verdad a los ahorradores, hubiera costado nada más 56,025 millones de pesos.
La buena noticia es que al ser nulo el origen del adeudo, lo que existe es un enriquecimiento ilegítimo por parte de los bancos. Esta nulidad no prescribe, no puede purgar sus vicios y puede hacerla valer cualquier interesado. En realidad, los mexicanos somos acreedores y no deudores.
