Por: Salvador Cosío Gaona
La desaparición forzada sigue siendo una de las formas en que se desconocen los derechos a la dignidad, libertad, integridad, vida y todas las libertades de los seres humanos. Es un tema pendiente y que lacera en el ánimo de los mexicanos, principalmente a familiares y amigos de los más de 40 mil desaparecidos que de acuerdo a la información proporcionada por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, se contabilizan de 2006 a la fecha. El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, y por un año más nuestro país ha reportado números lamentables, aunque quizá en esta ocasión, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha abierto una puerta que podría dar luz para seguir un camino que pueda recorrerse con pasos más certeros para alcanzar la localización de más personas.
El Gobierno de México exhibió el pasado viernes las cifras del horror de las fosas clandestinas en el país. La Administración de Andrés Manuel López Obrador ha revelado que se han encontrado 4 mil 974 cuerpos en 3 mil 024 fosas en los últimos 13 años y medio. «Es un número dinámico que estamos revisando», ha admitido la presidenta de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana, en la conferencia de prensa junto al presidente. El Ejecutivo señaló además a los Estados de Tamaulipas y Chihuahua, como los dos más golpeados por esta crisis. Esta nueva contabilización implica un gran salto desde la última cifra trascendida, a través de una investigación periodística, que señalaba unos 2 mil 884 cuerpos en 1 mil 978 tumbas ilegales.
López Obrador mencionó que, desde su arribo a la presidencia el pasado 1 de diciembre, se han encontrado 522 fosas con 671 cuerpos. De estas últimas, la mayoría fueron halladas en Colima y Veracruz, una de las entidades más marcadas por el crimen organizado. El Gobierno ha destacado además que durante los últimos ocho meses y medio, se han identificado 200 restos humanos, de los cuales 116 ha sido entregado a sus familiares.
El drama de las fosas clandestinas ha abierto tan solo este mes varios capítulos. El 9 de agosto la Fiscalía de Jalisco anunció el hallazgo de varias bolsas con restos humanos enterradas en el patio de una finca abandonada. Un día después, a unos 500 kilómetros, un colectivo de búsqueda encontró varias osamentas en un predio en el estado de San Luis Potosí. La noche de este jueves, horas antes de la conferencia de López Obrador, una organización social reportó el descubrimiento de más de 2 mil fragmentos de huesos de manos y pies al borde de un camino en Sinaloa.
El Ejecutivo de López Obrador ha insistido este viernes en «el vuelco» que ha pegado la política actual con respecto a los anteriores sexenios. Uno de los pasos fundamentales para diferenciarse de la Administración de Enrique Peña Nieto ha sido abrir las puertas a la inspección internacional.
El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ha anunciado que existe la disposición de la Comisión Nacional, con 200 personas de la Unidad de Búsqueda de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y la disponibilidad de recursos, para localizar a los desaparecidos, bajo el principio rector de la administración federal de encontrar a las personas con vida.
Encinas Rodríguez comentó que se hará una invitación oficial al Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Desaparición Forzada para que visite México en el segundo semestre de 2020.
Este es un vuelco en la política del gobierno federal en la relación con organismos internacionales, pues “no sólo estamos abiertos a la cooperación, sino al escrutinio, porque no hay nada que ocultar”, resaltó.
Como ya lo mencionaba, este viernes se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y el Secretario General de la ONU, Antonio Gutierres, ha llamado a los países a esforzarse más para prevenirlas y llevar a los responsables ante la justicia.
Las desapariciones forzadas, que en un tiempo fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes.
“Estas desapariciones tienen un profundo impacto en la vida de quienes buscan a las víctimas. La incertidumbre sobre el paradero y la suerte de un amigo, familiar o ser querido causa una gran angustia psicológica. Debemos poner fin a este sufrimiento”, dijo António Guterres en su mensaje oficial para el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas .
Las graves privaciones económicas que a menudo acompañan a una desaparición afectan con más frecuencia a las mujeres, además, son ellas las que están más a menudo al frente de la lucha para solucionar las desapariciones de miembros de su familia. A ese título pueden sufrir intimidación, persecución y represalias. Cuando las mujeres son las víctimas de desapariciones, se hacen particularmente vulnerables a la violencia sexual y de otro tipo.
“Exhorto a los Estados a que hagan más para prevenir las desapariciones forzadas y llevar ante la justicia a los responsables. Con este fin, insto a los países a que cooperen plenamente con los mecanismos de las Naciones Unidas. Insto también a todos los Estados que aún no lo hayan hecho a que firmen o ratifiquen la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, o se adhieran a ella”, señaló el titular de la ONU.
Guterres pidió, además, intensificar los esfuerzos para proteger a los defensores de los derechos humanos, los activistas ambientales, los periodistas y los líderes de movimientos sociales.
“El Comité y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas, que son los principales mecanismos de las Naciones Unidas encargados de este tema, reciben diariamente nuevos casos, muchos de ellos en el contexto de la lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo. Sin las debidas salvaguardias y garantías procesales, es mucho más probable que se den abusos en el sistema de justicia penal, y cuando esto se combina con una cultura de impunidad, también puede aumentar la probabilidad de que se produzcan desapariciones forzadas”, aseguró el Secretario General.
Por su parte la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ACNUDH) reafirmó su apoyo y respaldo a las víctimas de desapariciones y alentó a toda la sociedad mexicana a solidarizarse con las personas afectadas por uno de los crímenes más atroces que pueden existir.
“La reiteración de la importancia de atender este problema por parte del gobierno federal y la reafirmación presidencial de enfrentar el tema como “prioridad” son pasos de gran trascendencia para superar la inercia de dolor y dar comienzo a una nueva etapa”, expresó ACNUDH en un comunicado.
La Ley General de Desaparición que entró en vigor en México en enero de 2018 ordenó la creación de una nueva herramienta, que es el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, pero 20 meses después ésta no ha sido publicada, en tanto la desaparición forzada en México afecta a miles de familias y a la sociedad en su conjunto, por lo que confiamos que este gobierno que ha abierto la puerta para que organismos internacionales observen de cerca y participen en las estrategias para la localización, encontrará el camino para arrojar resultados positivos.
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