Por: Alfonso Partida Caballero
No existe forma de justificar el lamentable rezago existente en Jalisco en lo que al combate a la corrupción se refiere. Los ínfimos resultados solo nos llevan a concluir que el tan llevado y traído Sistema Anticorrupción fue un verdadero fracaso. Únicamente ha servido para engordar el aparato burocrático y para sangrar aún más el cada vez más escaso e insuficiente erario público.
De no existir en el corto plazo resultados puntuales, creíbles y jurídicamente sustentados, podremos presumir que en efecto, existe un pacto de impunidad en el Estado.
De acuerdo con una encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), Jalisco ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en incidencia de actos de corrupción. Solo nos superan el antes llamado Distrito Federal (hoy Ciudad de México), el Estado de México y Michoacán.
El 56 por ciento de los jaliscienses tiene una percepción de incidencia constante de hechos corruptivos. Es decir que más de uno y medio millones de jaliscienses mayores de 18 años señala esta grave incidencia. Las instituciones señaladas como las más corruptas son: la Policía Vial, las Policías Municipales y los Partidos Políticos.
Ante esta lamentable situación y motivados por una supuesta preocupación de nuestros actores políticos y diversos representantes de la sociedad civil, el 18 de julio de 2017 fue publicada la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco. De acuerdo con lo que se planteó, el sistema sería una instancia con la finalidad de establecer, articular y evaluar la política en la materia.
Su objetivo, conforme quedó plasmado en la ley, es establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección, sanción de faltas administrativas, combate de hechos que la ley señale como delitos en materia dd corrupción y por supuesto, fiscalización y control de los recursos públicos.
Para que el Sistema Anticorrupción funcionara, se designó todo un aparato burocrático que a la fecha, por sus avances y resultados, lo mínimo que podemos decir es que fue muy sobrado: tres magistrados integrantes de la Sala Superior de Justicia Administrativa, un Fiscal Anticorrupción, un Auditor Superior, una Contraloría Estatal, un Comité de Participación Ciudadana, 125 Sistemas Municipales y una Secretaría Ejecutiva.
Con un arranque poco claro y unos resultados casi nulos, podemos asegurar que nos ha salido más caro el caldo que las albóndigas. Todos los componentes del sistema, nos cuestan a los jaliscienses la suma de $536’428,500.00 repartidos de la siguiente manera:
Fiscalía Anticorrupción: $63’384,466.00
Contraloría del Estado: $113’884,905.00
Auditoría Superior del Estado: $297’160,129.00
Programa para el Fortalecimiento Anticorrupción: $12’000,000.00
Secretaría Ejecutiva: $50’000,000.00
Todo ese dinero, para que a la fecha se hayan integrado mil 600 carpetas de investigación, con solo seis asuntos judicializados y la risible (o indignante) cantidad de DOS personas vinculadas a proceso. Y por supuesto, no se trata de funcionarios de primer nivel o de directores de alguna dependencia, tampoco jefes de área. Hablamos solo de un policía y un inspector. Y aunque esas dos personas están vinculadas a proceso, hasta el momento NADIE ha sido sancionado por corrupción en Jalisco. Solo hemos estado inmersos en dimes y diretes y en repartición de culpas.
Y mientras eso sucede, el costo de la corrupción para cada jalisciense asciende a dos mil 273 pesos anuales. En suma, la corrupción nos cuesta, tan solo en Jalisco, la cantidad de 20 mil 700 millones de pesos.
Dígame usted si no es para dar vergüenza y considerarlo como un verdadero fracaso.
