Entre las cinco posibles sanciones para el gobernador Jaime Rodríguez y el secretario de Gobierno, Manuel González, el diputado local Horacio Tijerina considera que hay suficientes elementos para la destitución, ya que gastaron recursos de los pobres y ocuparon a 570 funcionarios que reunieron firmas con el fin de que “El Bronco” fuera candidato presidencial.
“La entidad es un caos, no hay seguridad, hay incertidumbre porque programas que se tienen con la federación no se cabildearon bien, y no se obtendrán los recursos”, expresó el diputado por Movimiento Ciudadano, al señalar que también se le podrían emitir medidas de prevención, de apercibimiento, o una multa.
Señaló que a partir de que Jaime Rodríguez “El Bronco” se fue a la campaña por la Presidencia de la República, perdió credibilidad y no regresó a gobernar, por lo que sería conveniente la gestión de un gobierno serio, que los dos años que restan del periodo se aprovechen para que Nuevo León vuelva a crecer y se resuelvan problemas de inseguridad y sociales.
Como Congreso, se dio el primer paso, aprobar las reglas procesales para aplicar la sentencia a que los obliga el Tribunal Federal Electoral como superiores jerárquicos.
Se tendrá que publicar en el Diario Oficial del Estado; los funcionarios señalados aprovecharán su garantía de audiencia para luego individualizar la sanción, si todo va bien, se estaría resolviendo a finales de octubre, para luego elegir un gobernador interino.
Tijerina considera que se puede llegar a la destitución por la gravedad del caso, ya que se gastaron más de 500 millones de pesos del programa Aliados Contigo, que sería para atacar la pobreza, además del empleo de 572 funcionarios públicos, el mismo gobernador y el Secretario de Gobierno, policías, trabajadores de salud, de educación que se dedicaron al acopio de firmas para conseguir la candidatura independiente.
“Es una vergüenza; de valorar bien las pruebas, tendría que concluirse en la destitución”, expresa el legislador nuevoleonés.
Indicó que este es un proceso, pero hay otros que podrían iniciarse en la Fiscalía Anticorrupción, o a través del Poder Judicial, en el que habría que incluir a otros funcionarios que también actuaron fuera de la ley.
