Por: Salvador Cosío Gaona
Sin moverle siquiera una coma, tal cual lo ordenó el inquilino de Palacio Nacional, la mayoría de diputados de Morena y sus aliados validaron la polémica iniciativa que establece ajustes a la Ley de Industria Eléctrica,t que contiene graves afectaciones al medio ambiente y a los bolsillos de los mexicanos.
Las múltiples críticas que surgieron desde no pocos sectores del país y que incluso provinieron del extranjero, no importaron. Tampoco pesaron las advertencias en cuanto a las afectaciones al medio ambiente ni se consideró que los incrementos impactarán las economías de las familias mexicanas.
Miembros de la Iniciativa Privada (IP) como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Concamin, Coparmex, y el Comener se pronunciaron en contra de la iniciativa desde el mismo momento que el presidente Andrés Manuel López Obrador la envió a la Cámara de Diputados con etiqueta de preferente.
Los empresarios aseguraron que de aprobarse la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica como estaba plasmada, se impediría la competencia en el sector y k la a electricidad sería más cara.
El Consejo Coordinador Empresarial indicó en un comunicado que la propuesta del gobierno era contraria a los objetivos que ellos mismos se han planteado.
“De aprobase, se traducirá en un aumento del precio de todos los productos y servicios que consumimos los mexicanos; y en un mayor costo fiscal por la necesidad de subsidiar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”, agregó.
El organismo liderado por Carlos Salazar Lomelín indicó que la iniciativa intentaba impedir la competencia dentro del sector eléctrico nacional.
“Rompe con la promesa del presidente López Obrador de no reformar el marco jurídico del sector energético durante los primeros tres años de su administración”, resaltó.
En ese sentido, subrayó que entre las afectaciones que se verían, de ser aprobado, está: abrir las puertas a una expropiación indirecta; atentar contra los compromisos adquiridos bajo tratados internacionales; violar la no retroactividad de la ley; y contravenir las garantías de certeza jurídica.
Por su parte, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) indicó que la iniciativa pasaba por encima de los derechos básicos como la libre competencia; y la certeza jurídica, lo cual generaría costos altos para el país, los consumidores y el medio ambiente.
“Va en contra de lo resuelto por el propio Poder Judicial Federal ya que retoma las prioridades del pliego petitorio que la CFE presentó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) desde 2019, y que se suspendieron definitivamente por el poder judicial mexicano”.
Además, el organismo liderado por Francisco Cervantes destacó que de aprobarse, se condenaría a México a vivir en litigios nacionales e internacionales; lo cual repercutiría en la inversión necesaria para que el país crezca.
En tanto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), consideró que la propuesta de reforma podría desincentivar la competencia así como la inversión en el sector energético.
“De aprobarse lo propuesto en la iniciativa, el riesgo de tener una industria eléctrica monopolizada es alto; lo que restaría certidumbre para la competencia y tendría como resultado mayores costos para el consumidor final y mejor calidad en el servicio”.
La organización liderada por José Medina Mora Icaza agregó que también podría provocarse un retroceso en materia medioambiental, pues el país no cumpliría con los compromisos internacionales como el Acuerdo de París.
A la par, el Consejo Mexicano de la Energía (Comener) afirmó que la normatividad haría difícil conciliar la transición energética hacia energías limpias y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
“Mientras que el gobierno de los Estados Unidos ha anunciado su regreso al Acuerdo de París y el presidente Joe Biden ratifica su compromiso por apoyar y liderar la lucha contra el Cambio Climático; en México esta iniciativa nos aleja de cumplir los compromisos firmados en el Acuerdo de París”, aseveró.
Además, recordó que México también tiene compromisos suscritos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La iniciativa podría provocar que los socios comerciales perciban una restricción a la participación privada en el sector energético; lo cual dañaría el clima de inversión en el país.
“Nos preocupa el mensaje que se envía a los inversionistas, tanto nacionales como extranjero. A nivel del país, en un ambiente económico globalizado, nos debe interesar cómo lo pueden interpretar en el extranjero”.
El consejo liderado por Juan Acra, insistió que es una medida que contraviene la libre competencia; y envía a la comunidad internacional un mensaje de incertidumbre jurídica.
La modificación principal que contempla la iniciativa consiste en que el mecanismo de despacho de las centrales eléctricas tengan como prioridad número uno a toda la energía producida por las hidroeléctricas. “Serán despachadas en primer término (…) con sentido social y de protección civil”, precisa la iniciativa.
En segundo lugar, se encuentra la energía generada en otras plantas de la CFE. “Se despacharán las centrales eléctricas de CFE, tales como la nuclear, geotérmicas, los ciclos combinados y termoeléctricas. Posteriormente, se despacharán las Centrales Ciclos Combinados de Productores Independientes de Energía, amparadas por contratos suscritos en los términos de la abrogada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica”, precisaron.
En tercer lugar, estarán las energías eólica o solar de particulares y en el cuarto y último sitio, los Ciclos Combinados de empresas privadas. “Se despacharan las centrales eléctricas de ciclos combinados propiedad de particulares y el resto de los generadores de otras tecnologías”, completaron.
Según el Ejecutivo su propuesta busca garantizar la confiabilidad y un sistema tarifario de precios, que únicamente serán actualizados en razón de la inflación. Ello, al proponer modificar el orden de la prioridad del despacho, mediante la operación de las centrales eléctricas en el actual Contrato Legado de la CFE y con el diseño de un nuevo Contrato de Entrega Física de Energía y Capacidad a la Red.
Entre otras cosas, señala que logrará terminar con la simulación de precios en un mercado que favorece la especulación, el dumping y los subsidios otorgados a participantes privados por la CFE, así como con “años de saqueo” y con el reconocimiento de los costos totales de generación, lo que permitirá una competencia en condiciones de equidad entre los participantes del mercado.
Víctor Ramírez, vocero de la Plataforma México Clima y Energía, no le dio muchas vueltas al tema:
“El presidente insiste en recibir primero todo lo de CFE aunque sea más caro, sucio y tenga tantas fallas por salida. Sólo después de que CFE entregue todo, entrarían los privados hasta 75% mas baratos. Encarecerá todo”.
“La iniciativa está mal escrita, llena de falsedades, de comparaciones internacionales que no tienen relación alguna con lo de México, sus consecuencias serán enormes y malas para México”, aseveró.
Se presentaron 400 reservas al dictamen, pero la instrucción de Palacio fue contundente y para 289 diputados no había nada que ajustar. “Ni una coma”.
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