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Desazolve #FGRyFARSA

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Por: Salvador Cosio Gaona

Por fin, durante la semana anterior los ciudadanos y las comisiones Anticorrupción y de Justicia del Senado de la República, atestiguamos los argumentos de los candidatos a ocupar el cargo de Fiscal Anticorrupción en la Procuraduría General de la República (PGR) y se vio de todo. Desde un Senado más preocupado por atender la crisis en las fracciones parlamentarias, hasta improvisaciones en el mecanismo de selección.

Sin embargo, lo más preocupante en las comparecencias, ha sido que aún subsiste un desconocimiento de los cimientos del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), por lo cual la mayoría de las ideas que se plantearon parecían repetitivas frente al grave problema sistémico y multifactorial de la corrupción e impunidad en México.

Como si faltara algo más, fue vergonzoso y reprochable que dos aspirantes presentaran documentos plagiados uno al otro, abonándole así a eso que quieren combatir, la corrupción. Además, como era de esperarse en este largo, por atemporal proceso, algunos aspirantes han declinado, acotando –numéricamente– las opciones, pero también haciendo que se reste seriedad a la convocatoria.

Es en ese sentido que ya varios expertos han declinado la invitación para acompañar el proceso al considerar que no existen las condiciones para continuar y porque pareciera que únicamente requerían de su opinión para legitimarlo, sin que se comprometieran a escuchar sus demandas y sugerencias. En resumen, al final del día, los Senadores van a hacer lo que quieran.

Ante esto, al Senado no le quedó otra más que abrir el proceso a un sistema de parlamento abierto, lo cual es positivo porque incorporó a más distinguidos académicos y ciudadanos que en el fondo significan una oportunidad para transparentar y fortalecer la participación ciudadana. Lo malo es que se observa como una reacción improvisada, obligada y no como una forma rutinaria de trabajo trazada desde que se dio a conocer la convocatoria.

La creación, la autonomía y el responsable al frente de la Fiscalía Anticorrupción es trascendental para los tiempos que el país vive, requerimos un fiscal anticorrupción “sin cola que le pisen” e “impecable”. Pero sobre todo un fiscal que tenga la capacidad de abanderar proyectos que detengan a los corruptos que tanto daño le hacen a nuestra patria, y que además esté dispuesto a trabajar bajo una arquitectura institucional de rendición de cuentas al Comité Ciudadano del SNA, y desde luego a la ciudadanía.

Requerimos un fiscal que tenga la capacidad de ser autónomo, lo cual no es tarea fácil porque tendrá que operar desde el segundo semestre del año y buscar un mecanismo que lo desmarque políticamente de la PGR y de las posibles componendas y “acuerdos políticos” a los que están acostumbrados los políticos.

Además de estas capacidades, se requieren habilidades técnicas en el armado de expedientes, para evitar que las posibles consignaciones se “caigan”, por lo cual debe ser una persona que tenga amplia experiencia en materia penal y desde luego en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, que dicho sea de paso avanza con más pena que gloria.

El proceso de selección del fiscal es sólo el inicio de una gran batalla contra la corrupción, en la que todos estamos llamados a participar.

Este proceso comenzó prácticamente tres años después de que se aprobara la reforma político electoral que le diera origen el 10 de febrero de 2014, con múltiples prórrogas por parte de los senadores y en un clima de grandes expectativas alrededor de quien será nombrado por el Senado para encabezar una de las instituciones clave del nuevo SNA. Sin embargo, es preciso evaluar las perspectivas sobre lo que se vislumbra será la labor de un fiscal cuyo encargo durará a más tardar hasta el 30 de noviembre de 2018, un día antes de que tome posesión el próximo titular del Ejecutivo federal. El fiscal anticorrupción se enfrentará al menos a los siguientes desafíos:

El primer reto será lograr que su nombramiento no sea cuestionado por problemas de opacidad en su selección y/o de legitimidad política. Lo anterior tomando en cuenta que la participación efectiva del Comité Técnico de Acompañamiento supone la posibilidad de que la elección de los mejores candidatos surja de la evaluación de los mejores.

En los procesos de audiencias y deliberaciones, esperemos que los senadores honren su responsabilidad constitucional, hagan los cuestionamientos puntuales de conocimientos y experiencia de los candidatos, y evalúen sus propuestas para poner en marcha la fiscalía anticorrupción. Es por ello que, en el marco del proceso legislativo, es indispensable exigir que las comisiones legislativas asuman su responsabilidad en términos del reglamento del Congreso de la Unión y hagan el dictamen de idoneidad seleccionando la candidatura de quien consideren mejor candidato. Si el nombramiento del fiscal anticorrupción no se lleva a cabo de manera transparente y con base en explicaciones técnicas detalladas, éste comenzará con el pie izquierdo una tarea que de por si se vislumbra cuesta arriba.

Ahora bien, el Fiscal Anticorrupción enfrenta condiciones de endeble protección jurídica para realizar su labor con independencia política y certidumbre jurídica, ya que conforme a la reforma constitucional publicada en 2014, una vez nombrado, el Fiscal Anticorrupción podrá ser removido y sustituido libremente por el Procurador General de la República. Cuando se haya aprobado la ley orgánica de la Fiscalía General, dicho Procurador se convertirá en Fiscal General. Por su parte, el Senado, por mayoría simple de sus miembros presentes, podrá objetar el nombramiento o remoción del Fiscal Anticorrupción. Así, el marco jurídico vigente no dota con la protección suficiente al Fiscal Anticorrupción frente a su potencial remoción por el Procurador y eventualmente Fiscal General, la cual no tiene que ser fundada.

También, el nuevo Fiscal heredará una estructura con pobres resultados en sus investigaciones de combate a la corrupción. La Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia de la Procuraduría General de la República, se transformará en la nueva Fiscalía Anticorrupción. Entre 2012 y febrero de 2016, las consignaciones realizadas por esta Unidad respecto a delitos relacionados con hechos de corrupción –ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito- han sido escasas. Destaca, por ejemplo, que en 2015 realizó su “máximo” de consignaciones por enriquecimiento ilícito, con 13 casos. Con apenas 35 agentes del ministerio público para todo el país, esta Unidad se caracteriza por su debilidad estructural. Esta debilidad es aún más evidente cuando se analiza el frágil servicio civil de carrera con el que cuenta hoy la PGR y, por ende, la Unidad Anticorrupción. En términos de combate a la corrupción, dicha debilidad muy probablemente explica el seguimiento precario que hasta ahora ha hecho la PGR a las denuncias de hechos presentadas por delitos asociados a problemas de corrupción por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

En otro tema, el rediseño del andamiaje institucional de la Fiscalía Anticorrupción requiere esfuerzos presupuestales importantes para afianzar sus alcances. Sin embargo, los patrones históricos de la evolución presupuestal de la PGR donde se ubicará la nueva Fiscalía y las asignaciones presupuestales aprobadas para 2017 apuntan a retos sustantivos para lograrlo. En los últimos cuatro años, la PGR ha ejercido en promedio 6.94 por ciento menos del presupuesto aprobado. Para este año, la PGR recibió un recorte general del 9.6 por ciento. En el caso de la Unidad Anticorrupción, la disminución fue de 7.1 por ciento, mientras que para la Visitaduría General –encargada de las investigaciones anticorrupción al interior de la PGR- el recorte presupuestal fue de 15.9 por ciento. Los retos que enfrentará el nuevo Fiscal Anticorrupción son considerables para permitir la resolución de diversos casos de corrupción que en el ámbito federal se han multiplicado, con un saldo de impunidad que produce escándalo e indignación.

Dichas limitaciones exigen atender con urgencia el fortalecimiento de un verdadero servicio de carrera que permita brindarle personal capacitado para realizar su labor de investigación anticorrupción.

Triste sería para el país continuar con un esquema de simulación que no atiende de una vez por todas la debilidad del país para avanzar en el fortalecimiento del Estado de derecho y los controles efectivos en contra de la corrupción. De no tomarse medidas para superar los obstáculos que enfrentará el nuevo Fiscal Anticorrupción, inevitablemente se abrirá la puerta al descontento y la irritación generalizada.

México está en el proceso para transitar de la actual Procuraduría General de la República (PGR) hacia el establecimiento de una nueva institución que será la Fiscalía General de la República (FGR) y el pretexto o justificación del cambio o supuesta evolución es dar respuesta al planeamiento que desde hace tiempo se ha externado al señalar como uno de los principales problemas de la justicia penal a la falta de independencia de las procuradurías de justicia, tanto de la PGR como las de los estados y de la Ciudad de México, considerando que con la dependencia de las instituciones de procuración de Justicia hacia el Poder Ejecutivo Federal y de los estados se ha dado lugar al uso político de la justicia, lo que quiere decir según los analistas e investigadores, es que la facultad de investigar se aprovecha para asegurar impunidad a los aliados del poder político y castigar a los opositores.

El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la última reforma constitucional político electoral y parte de esa reforma fue la modificación del apartado A del artículo 102, para establecer la creación de la FGR como institución autónoma y cuyo titular durará en el cargo nueve años.

Los principales aspectos concernientes a la FGR son :

Que el Ministerio Público, órgano encargado de investigar delitos, se organizará ya no en la PGR sino en la FGR que al ser autónoma. saldrá del ámbito de control del Presidente de la República; que el Fiscal General de la República durará en el cargo 9 años; es decir será un cargo transexenal; que el procedimiento para la elección prevé que el Senado de la República envía al titular del Poder Ejecutivo una lista de al menos diez candidatas y candidatos, para que de ése listado el Presidente de la República integre una terna que propondrá al Senado y de entre los integrantes de esa tercia se elija finalmente al Fiscal General de la República.

En los artículos transitorios de la misma reforma se determinan otros aspectos sustantivos como el que la PGR dará paso a la FGR en el momento en que esté aprobada y entre en vigencia cuando menos la ley orgánica de la propia nueva institución, lo que hasta la fecha no ha sucedido de ahí que estaba previsto que al momento que ello suceda la persona que esté al Frente de la PGR automáticamente pasare a ser Fiscal General por un plazo de nueve años y se establece que al pasar de PGR a Fiscalía General autónoma, los recursos humanos de la primera pasan en su totalidad a la segunda.

Es de recordar que en septiembre de 2014 el Presidente Peña Nieto presentó la iniciativa de Ley para crear la Fiscalía General, la cual no contó con proceso alguno de consulta y dicha iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados y enviada al Senado donde permanece estancada, lo cual estanca el procedo y prohíja que al llegar el plazo no esté aprobaba la ley reglamentaria pero deba de acatarse el dictado constitucional y por ello deba ser automáticamente Fiscal General quien esté a cargo de la PGR en el momento señalado.

Lo anterior no debe seguir adelante pues es indispensable desarrollar un proceso de discusión riguroso y plural donde se trabaje en el diseño de la nueva institución y en su funcionamiento para que efectivamente sea capaz de investigar los delitos que afectan a la seguridad ciudadana y al país, de manera que realmente se combata la impunidad.
Un problema severo es que el proceso de nombramiento del Fiscal General no considera la más mínima participación ciudadana.

Tras el nombramiento de Raúl Cervantes como titular de la PGR se consideró por algunos actores políticos y analistas que era un movimiento presidencial tendiente a provocar su automática designación como nuevo Fiscal General de la República, lo que se considera sería errado al ser Cervantes Ahumada un personaje claramente identificado con Peña Nieto y su partido, siendo ello incompatible con el espíritu de construir una institución autónoma que deba ser capaz de investigar delitos de cualquier persona incluyendo al Presidente y su círculo más cercano de colaboradores.

El que la nueva Fiscalía General deba incorporar el mismo personal de la actual PGR provocará el contagio de las inercias y malas prácticas que han hecho de la PGR una institución nada confiable y que se desea no vengan en paquete contaminando a la nueva FGR, siendo ideal que el personal de la nueva institución autónoma deba pasar por riguroso proceso de evaluación tanto de su capacidad técnica como de la confiabilidad acorde a su solvencia moral ya que se trata de refundar la institución encargada de investigar delitos, que de acuerdo con la norma constitucional debe esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y reparar el daño causado por el delito.

Vale además recordar que apenas el 18 de junio pasado empezó a funcionar en todo el país el Sistema Penal Acusatorio, un nuevo modelo de justicia al que le hace falta policía de investigación y ministerio público capaces de investigar delitos complejos, así como las numerosas violaciones a derechos humanos.

El pasado 18 de octubre un amplio y plural grupo de empresarios, académicos, personas defensoras de derechos humanos, especialistas en transparencia y combate a la corrupción así como líderes sociales, hicieron un llamado al Presidente Peña Nieto y al Congreso de la Unión exigiendo se detenga la discusión sobre la ley de la Fiscalía General para dar paso a un diálogo nacional que trabaje en el diseño de la mejor Fiscalía posible, atienda asuntos como el proceso de transición (con qué carga de trabajo se queda la PGR hasta su total extinción y determinar si algunos casos relevantes pasan a la competencia de la Fiscalía); el diseño y tareas de la Fiscalía y de sus Fiscalías especializadas (corrupción, delitos electorales, así como una especializada en asuntos de violaciones a derechos humanos); proceso de selección del personal, así como mecanismos de control institucional y ciudadanos.

Parte de la exigencia es que los servicios periciales sean autónomos de la Fiscalía.
El fondo del asunto está en que se avance firmemente y sea una verdadera transformación de la institución encargada de la investigación de delitos y no la simulación que supone un simple cambio de nombre entre PGR y FGR, pero ahora ante la dilación y con ello la ausencia de la aprobación de la ley reglamentaria de la FGR, el único logro de la presión social y política a Peña Nieto y a su partido es el que no sea automáticamente el titular de la PGR que esté al frente de ella en la fecha de necesario inicio de funcionamiento de la nueva FGR, pero la solución planteada es polémica dado que se está previendo que seguirá funcionando la PGR en forma simultánea a la nueva FGR, a efecto que, según se pretende justificar, deba la actual PGR concluir con los procesos que ahora tiene a su cargo y la nueva institución solo atender nuevos asuntos y acorde al nuevo sistema de justicia penal, lo cual presenta inexorablemente problemas de doble amplio gasto, confusión, incertidumbre, gran posibilidad de corrupción e impunidad, dos instituciones que deberían servir a la sociedad pero que en cuanto a la actual PGR queda mucho a deber y es incluso temida por la sociedad.

Sería más fácil acelerar el proceso de consolidación de la FGR, crear su necesaria legislación reglamentaria, prohijar la elección de un Fiscal General sin vinculación con partidos ni ejes eminentemente políticos y a contrario sensu con una amplia y calificada participación social, al igual que la valoración y adecuada designación de sus funcionarios y empleados.

@salvadorcosio1
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