Por: Salvador Cosío Gaona
Con el apoyo o impulsado casi absolutamente por el ExGobernador Fidel Herrera Beltrán y no obstante carecer de adecuada formación y experiencia para ello pues tuvo meteórica carrera casi totalmente en el ámbito de su estado, Javier Duarte de Ochoa fue candidato a Gobernador de Veracruz por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ganó la elección para asumir la gubernatura gracias al respaldo de Herrera Beltrán, a quien al asumir su encargo le dio la espalda. Ahora, tras una gestión demasiado polémica y manchada, ha pedido licencia para separarse de su encargo y debe defenderse de los graves señalamientos de corrupción en su contra y de varios de sus más cercanos colaboradores, entre ellos el recién nombrado Gobernador interino Flavino Ríos, que era el Secretario General de Gobierno.
Duarte de Ochoa, militante suspendido temporalmente de sus derechos en su Partido el PRI, presentó al Poder Legislativo de su estado la solicitud para que le fuere autorizado separarse de su cargo mediante licencia, a 48 días de concluir el tiempo del mandato por el que fue electo, en medio de severas acusaciones de corrupción, malversación de fondos y el aumento de los homicidios, advirtiéndose la desaparición y muerte de comunicadores y activistas sociales incomodantes, debiéndose señalar que Veracruz tiene la tasa de asesinatos de periodistas más alta del país y como un agravante ligado a las acusaciones de desfalco al erario veracruzano, es importante acentuar que Javier Duarte deja a su estado en quiebra, pues es la entidad federativa con la tercera deuda pública más grande de México.
Pero la gravedad de las acusaciones hace ver que haberlo suspendido temporalmente de sus derechos como militante del PRI y forzarle a separarse del cargo de Gobernador, no es una sanción adecuada para Duarte de Ochoa, a quien se le señala de haber sido provocador de crímenes de gran dimensión, ya que además de ser demasiado tardía quizá hasta una gran ayuda ha sido a efecto de evadir la acción de la Justicia, ya que resulta muy lógico el que Duarte de Ochoa haya decidido ya ausentarse del país y protegerse de su eventual detención para someterlo a proceso penal, evitando ser capturado.
También podría pensarse que dadas las circunstancias que se dice existen alrededor del desfalco a la Hacienda Pública de Veracruz del que se le acusa, en el sentido que mucho de ese dinero escamoteado fue transferido a las arcas de quien o quienes hayan operado la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y por ende, no resulta absolutamente conveniente sea detenido y hable corroborándolo, debiendo recordar que el Coordinador de esa campaña fue precisamente Luis Videgaray Caso, ya ahora ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico (SHCP), ya que por más que se pueda incluso decir que el monto señalado como el enorme desfalco a las finanzas veracruzanas no podría ser correspondiente al gasto de lo que pudiere haber costado el proselitismo electoral para impulsar la candidatura del hoy Presidente Peña Nieto y que por más que algo de ese recurso institucional veracruzano haya sido realmente entregado para utilización de dirigentes y activistas priistas para operar a favor de Peña, no se puede responsabilizar al PRI de un desvío de muchos miles de millones de pesos ya que esos fueren responsabilidad del propio mandatario veracruzano hoy con licencia, la realidad es que no importa cuánto fuere sino que el hecho en sí representa la infamia y el daño a las instituciones del Estado Mexicano, constatándose el alto grado de corrupción y podredumbre que aqueja al sistema político mexicano, específicamente al sistema democrático y de partidos políticos, además de al sistema de procuración e impartición de Justicia en México.
En una entrevista ante los medios nacionales con motivo del anuncio en cuanto a que abandonare el cargo de Gobernador, Javier Duarte afirmó «que se marcha con la conciencia tranquila” y cínicamente rechazó las acusaciones de corrupción, criminalidad acentuada e impunidad que hay en su contra y las llamó “infamias y calumnias sin sustento”, asegurando que se retira del cargo “porque ya es tiempo de atender estas denuncias”.
Lo cierto es que ni el el Presidente Peña Nieto, tan desacreditado como está por tanto escándalo y mal gobierno, ni tampoco el PRI, tienen absolutamente nada que presumir, ya que a fin de dar señales de verdadera voluntad de lucha anticorrupción, la licencia a Duarte de Ochoa tendría que venir aparejada con el inmediato arresto y encarcelamiento de dicho polémico pero innegablemente nefasto personaje, además de procesar a otros varios gobernadores corruptos, funcionarios y ex funcionarios señalados de presuntos delincuentes.
Javier Duarte es la personificación de las viejas formas de hacer política enraizadas en prácticas corruptas y en una profunda impunidad, el veracruzano demostró fehacientemente su mayor desprecio por la libertad de expresión y representa el más claro ejemplo de una clase política que ofende, atropella y lesiona recurrente e impunemente a la sociedad, ejemplifica la degradación que ha vivido el Estado mexicano, el debilitamiento de sus instituciones, la forma en que el crimen organizado penetró el estado y se apoderó de sus recursos naturales como el petróleo y cómo los funcionarios estatales permitieron que eso sucediera, huye de Veracruz y quiza ya también haya huido de México tras haber provocado destrozos, saqueando las finanzas estatales y prohijando un gran número de crímenes. En vez de hacerlo cuando le faltan 48 días, debió haberse ido hace varios años.
Duarte personifica junto con quienes lo protegen, lo más fétido de la mierda o porquería de la práctica política amañada que tanto daño ha hecho a la vida institucional de México y a la política misma.
El que finalmente Javier Duarte de Ochoa haya solicitado licencia a su cargo de Gobernador de Veracruz, no asegura que será sancionado por el cúmulo de tropelías que se le señalan como cometidas en su administración. Habrá que esperar que en efecto haya acciones legales eficaces contra todos quienes como Duarte de Ochoa estén involucrados en ilícitos, que en el caso de Veracruz tienen que ver con asuntos financieros y crímenes contra la vida e integridad de comunicadores y activistas sociales de causas incómodas para Duarte y que han generado una gran intranquilidad e incertidumbre en esa entidad.
Pero es importante que además de ver el caso de los ilícitos cometidos por funcionarios y/o ahora ex servidores públicos en Veracruz, se analicen otros casos ocurridos en diversos lugares del país y entre ellos especialmente en Chihuahua, Quintana Roo, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Sonora, Michoacán, Coahuila, Aguascalientes, Jalisco y Guerrero, entre otros.
Hay que señalar que la probable corrupción atribuida a mandatarios con los más altos niveles de deuda pública, como César Duarte Jáquez de Chihuahua, el veracruzano Javier Duarte de Ochoa y Roberto Borge Angulo de Quintana Roo, fue considerada entonces por el PRI como factor de las derrotas ocurridas en la elección local escenificada en 14 entidades del país el pasado 5 de junio.
Contra esos ex mandatarios, salvo en el caso de Javier Duarte, no han avanzado aún medidas legales y se dice que la impunidad que gozan los ex mandatarios se debe a un supuesto acuerdo económico con integrantes del Gobierno federal y gestado desde la campaña de Peña Nieto. Se dice vox populi que un grupo de priístas, empezando por quien fue ‘Gerente en turno’ de la dirigencia nacional del PRI, Humberto Moreira Valdés; siguiendo con el Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge; Javier Duarte, de Veracruz; César Duarte, de Chihuahua, y otros más, habrían realizado un compromiso de apoyo económico que ahora limita al Presidente Peña Nieto para combatir la corrupción.
El diario inglés Financial Times se mofó del como se está manejando el supuesto proceso en contra del Gobernador veracruzano con licencia y separado temporalmente del PRI y señaló que el asunto era de compararse con el espectáculo de ‘Los Voladores de Papantla’, al asegurar que su caída en desgracia tiene a los mexicanos a la expectativa como cuando el público está viendo los voladores, esperando a ver si llegan a estrellarse.
Además de la investigación, que a ‘paso de gallo-gallina’ está integrando la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Javier Duarte y sus más allegados compinches, está el enorme desfalco a la Hacienda Pública veracruzana por más de 30 mil millones de pesos que encontró el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Financial Times destaca que el hoy vilipendiado Mandatario con licencia de Veracruz y Priísta en suspenso podría ser el cordero a sacrificar para junto con el exGobernador de Sonora de extracción del Partido Acción Nacional, Guillermo Padrés Elías, salvar a otros muchos personajes que seguirían impunes a cambio del procesamiento de estos dos ‘nominados’ a fin que al actuar solo contra esos dos personajes sea convalidada la supuesta lucha gubernamental por eliminar la corrupción. Padrés Elías es investigado por evasión fiscal, además de que la Fiscalía Anticorrupción del estado de Sonora inició una investigación para conocer la procedencia de aproximadamente 450 caballos pura sangre que pertenecen al ex Gobernador de Sonora. La Fiscalía sospechó de que los ejemplares, valuados en más de 100 millones de pesos, ingresaron a Hermosillo “de contrabando”, ya que la empresa que los importó, Comercializadora V&A de Nogales, S.A. de C. V., declaró que el valor de los animales era de mil 800 dólares. Además es señalado de peculado y desvío de recursos públicos, siendo muy sonado el tema de haberse construido una presa en su rancho con recursos públicos.
El diario británico recordó que la táctica de detener a figuras intocables ya ha sido utilizada por la administración de Peña Nieto, y está el caso de la Maestra y cacique del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, a quien en febrero de 2013 la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le acusó de haber incurrido en operaciones ilegales por más de 2 mil millones de pesos con recursos del SNTE, por lo que “La Maestra”, quien tenía más de 23 años al frente de ese sindicato magisterial, fue detenida y está sometida a proceso penal aunque no ha estado en celda alguna, ya que desde que fue capturada ha permanecido ‘presa’ en clínicas y hospitales.
Pero en un país como el nuestro donde el Presidente, muy desprestigiado por actos de corrupción, acusa que la corrupción es un mal general del cual casi nadie se puede decir inocente y que es un asunto cultural o casi genético, parece que no hay voluntad ni prisa alguna para emprender oportuna y eficazmente la tarea anti impunidad y como ejemplo está el que a más de tres meses de que Virgilio Andrade Martínez fuera motivado a dejar su cargo como titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) no ha sido propuesto nadie aún al Senado para sustituirle como responsable de la dependencia oficial anticorrupción y la dependencia permanece sin titular formal. Según El Banco de México (BANXICO) en 2015 la ineficaz lucha contra la corrupción le costó al gobierno de México el 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), aproximadamente 1 billón 602 mil 986 millones 130 mil pesos.
Es larga la lista de asuntos tildados de criminalidad, que siguen sin atacarse y cuyos señalados como participantes siguen impunes.
@salvadorcosio1
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